Detectan la vulneración de derechos de identidad de género desde las familias
Ante un fallo judicial, profesionales dijeron que la mayoría de las situaciones de angustia y depresión de personas de la comunidad LGBT+ son por discriminación de sus padres y también de compañeros de la escuela.
El Juzgado de Menores Nº 3 determinó que un joven de 14 años que se autopercibe como varón esté bajo la guarda de su abuela. Los padres no respetaron sus derechos y el adolescente padecía situaciones graves que atentaban contra su salud.
El caso llegó a la dependencia judicial por derivación del Departamento de Medicina Familiar de la Facultad de Medicina de la UNNE. Profesionales que intervinieron en la causa hablaron con República de Corrientes sobre el contexto de vulnerabilidad del joven y otros casos similares.
Ante esta situación, destacaron el trabajo organizativo de varias partes que intervinieron y también la rápida respuesta de la Justicia. En este marco, subrayaron que la mayoría de las personas que se acercan al área de la salud mental lo hacen por la discriminación que padecen de parte de sus familias, en la escuela y/o trabajo.
La Justicia correntina tuvo que intervenir ante la falta de cumplimiento de la Ley 26743 de Identidad de Género. La norma establece que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género; al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género; a ser tratada de acuerdo a su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada.
El joven llegó al consultorio inclusivo donde detectaron la vulneración de sus derechos. Luego, desde la Facultad contactaron a profesionales de otros organismos de la Provincia hasta llegar después a la Justicia. Fueron parte también referentes de organizaciones de DD. HH., uno de los integrantes dio su testimonio sobre una situación similar que vivió.
La mayoría de las consultas en el área de salud mental “tiene que ver con el contexto familiar de discriminación”. Esto también se repite en las escuelas y en el trabajo. A la vez, estas situaciones desencadenan ansiedad, angustia y depresión, según una profesional que dialogó con República de Corrientes.
No hay muchos menores de 18 años que se acercan a estos consultorios, la mayoría ya son jóvenes mayores de 19 años. Esto tiene que ver con que “muchos adolescentes no identifican lo que les pasa” y porque “el contexto familiar no le permite; habitualmente entre los 6 y 8 años perciben su identidad, pero se reprimen debido a las personas que les rodean”.
En este sentido, remarcaron que los centros de salud pediátricos deben estar preparados para atender estas situaciones. “Hay muchos casos que son de índole de discriminación y hostigamiento por parte de las familias. Las organizaciones son las que más apoyan y acompañan para que se empoderen”, expresaron.
“Esto es un gran logro”, dijo un referente de la comunidad LGBT+. Esta persona colabora con jóvenes para que conozcan sus derechos.
“Se intervino para descartar una situación de riesgo mayor. La intervención judicial también puede dictarse con las personas con realidades dolorosas y muchas veces difíciles”, sostuvo ayer la jueza Pierina Ramírez a radio Dos.
Además, explicó: “No es un fallo inédito. El Poder Judicial está habilitado para que en situaciones excepcionales se pueda otorgar la tenencia a otra persona. La Justicia debe intentar ser más humana sin ese manto de seriedad que se nos atribuye”.
En Corrientes, hay una sede de la Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA). También hay referentes de la Federación Argentina LGBT+.
Además, en la Facultad de Medicina existen consultorios inclusivos y un área del Ministerio de Salud que trabaja estos temas. Hay atención médica, psicólogos, enfermeros y otros. Pueden comunicarse al número 379 4045205 o ingresar al link donde pueden solicitar turno: https://cutt.ly/mvZmWqZ.
Actuación judicial
La titular del Juzgado de Menores Nº 3 resolvió conceder la guarda judicial de un joven a la abuela paterna, y dispuso controles socioambientales mensuales durante 6 meses para constatar el cuidado y contención del adolescente.
La jueza Ramírez fijó además un régimen de comunicación amplio con los padres y les impuso la obligación de indicar en 48 horas los psicólogos y psiquiatras que atenderán al joven de manera continuada y sistemática, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia judicial y de revocarse el régimen comunicacional dispuesto.
A la vez, impuso a los padres la obligación de iniciar en 48 horas su propio tratamiento psicoterapéutico con orientación psicoeducativa en la temática y les ordenó abstenerse de comentar, referir o expresarse uno del otro de manera irrespetuosa y/o grosera en presencia del joven.
Ramírez dio un plazo de 15 días hábiles para que presente la solicitud ante el Registro Civil de los datos del joven en su DNI.
Deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niñas, niños y adolescentes, que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad.
A su solo requerimiento, el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión o servicio, tanto en los ámbitos públicos como privados.
