Causa Sapucay: hoy, tercera parte del alegato del fiscal
Diego Iglesias terminaría con su exposición. Luego será el turno de la defensa.
Hoy, desde las 14, continuará con la tercera parte de su alegato el fiscal Diego Iglesias en el juicio denominado “Causa Sapucay”, que se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3, situado en Comodoro Py 2002 de Buenos Aires. En el debate se mantienen 12 acusados de más de 30 implicados que tiene la causa. El resto optó por el juicio abreviado.
Sobre la base de la pena que recibieron luego de admitir sus vínculos con el narcotráfico, algunos recuperaron la libertad, en tanto que otros siguen presos hasta cubrir el tiempo que la ley les concede para solicitar la libertad condicional.
El fiscal Diego Iglesias, en su exposición en la audiencia anterior, habló sobre la connivencia que la organización narcocriminal de Itatí poseía con autoridades públicas de orden municipal, provincial y federal. De esta manera, explicitó cómo el accionar de las autoridades habría permitido brindar seguridad a las maniobras ilícitas, vigilar el ingreso al pueblo de personas ajenas y hasta la reventa del material estupefaciente que obtenían de procedimientos policiales irregulares.
“Existía en Itatí una especie de estado policial subterráneo, en el cual algunas conductas eran merecedoras de investigación o reproche, un homicidio claramente lo era y otras, no tanto. Se naturalizaban. El tráfico de marihuana estaba naturalizado. ¿Por qué estaba naturalizado? Porque era un negocio para ambas partes, para quienes desarrollaban las actividades de narcotráfico y también para las autoridades policiales, que obtenían un beneficio económico a cambio dejarlas actuar, de no ser un obstáculo para el funcionamiento de la empresa criminal y si la empresa criminal sufría un percance acudían en su ayuda en su rescate”, explicó Iglesias.
Además, el fiscal citó la declaración de un testigo que advirtió “la existencia de la connivencia policial, de policía provincial, policía federal, Gendarmería, Prefectura. Pero no era solamente policial, sino también connivencia judicial”, en relación con las acusaciones al exjuez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila y a sus secretarios penales Federico Grau y Carlos Molina.
