Con preferencia, el Senado trataría hoy el proyecto de la hidrovía
El Senado provincial trataría hoy con preferencia un proyecto de resolución en el que expresa la preocupación del cuerpo por la licitación de la hidrovía Paraguay-Paraná.
Se trata de una propuesta presentada por el senador Noel Breard, que expresa la preocupación que provoca el Decreto Nacional Nº 949/20, en virtud de las implicancias negativas que la norma depara respecto de las autonomías provinciales y el sistema productivo sustentable. En definitiva, lo que preocupa es la licitación de la concesión del canal de navegación, que, en principio, no contempla a los puertos de desarrollo de Itá Ibaté e Ituzaingó. Tampoco, una “mirada federal”, según expresaron legisladores.
Para lograr que la propuesta prospere, se buscaron los consensos necesarios para su tratamiento. Para ello, se requirió la incorporación de documentación y ahora el expediente sería tratado con preferencia, de haber sesión.
El 28 de abril se publicó la prórroga de la extensión de la concesión de la hidrovía Paraguay-Paraná. El plazo de extensión es por 90 días y se notificó al Consejo Federal.
Así, la concesión para la “modernización, ampliación, señalización y tareas de dragado y redragado” de la hidrovía, cuyo plazo de operación vencía el jueves 29 de abril, fue prorrogada a favor del actual prestatario, el consorcio Hidrovía SA.
Esta extensión se produce de cara al nuevo proceso que pondrá en marcha el Gobierno nacional en los próximos meses para definir el formato o modalidad de operación de la principal vía navegable troncal –los canales fluviales del río Paraná– que existe en el país.
El ministro de Obras Públicas, temporalmente a cargo de la cartera de Transporte, Gabriel Katopodis, firmó la correspondiente resolución con la prórroga.
De esta manera, la concesionaria Hidrovía SA, sociedad conformada por el grupo belga Jan de Nul y el holding argentino Emepa SA, ya continúa al frente de la operación por 3 meses más.
Eso significa que, tal como venía ocurriendo, el concesionario privado realiza los servicios encomendados por el Estado y a cambio les cobra directamente a los barcos transportistas de carga que navegan por las vías fluviales.
En la resolución se estableció que el ente controlante a cargo de la fiscalización del concesionario será la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante.
