Dylan Cardozo: “Este cupo es solo un capítulo de la Ley Integral Trans”

La ley de inclusión laboral para personas trans, travestis y transgénero obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación la semana pasada. La norma establece que el Estado nacional deberá contratar al menos al 1 % de la dotación de la administración pública dentro de este grupo. Desde Corrientes celebraron el avance histórico, por el reconocimiento de derechos sobre esta población, pero señalan que está lejos de ser suficiente. 

Dos proyectos de ley relevantes respecto a la diversidad sexual fueron tratados y aprobados por los diputados en la última sesión: el primero, que se convirtió en ley, establece la paridad de género en los medios de comunicación de gestión Estatal, reservando un 1 % para la población trans, travesti y transgénero; el segundo, establece ese cupo para toda la administración pública nacional, como manera de garantizar no solo la representación sino también el acceso a empleos seguros y con plenos derechos. Ahora es el turno del Senado de tratar y dar la sanción definitiva.

Si bien son dos normas importantes para avanzar hacia una inclusión plena de las diversidades sexuales en los distintos ámbitos de la sociedad, activistas y referentes consideran que son solo una parte. “La que queríamos que se debata es la Ley Integral Trans, que es una ley máxima que nos va a garantizar a todos los derechos humanos básicos”, explicó Dylan Cardozo, coordinador del área de Deportes LGBTIQ+ de la Provincia y referente de la Federación Argentina LGBTIQ+. “Este cupo es solo un capítulo de la Ley Integral Trans”, resaltó al ser consultado por República de Corrientes.

 

 Pasa el tiempo y las compañeras no pueden esperar, tienen una expectativa de vida de entre 35 y 40 años”. 

 DYLAN CARDOZO, COORDINADOR DE DEPORTES LGBTIQ+ DE LA PROVINCIA

 

“La ley integral es amplia, habla de las niñeces, la adolescencia, la ESI [Educación Sexual Integral], la cuestión de la salud, vivienda, una reparación histórica a las adultas mayores”, señaló Cardozo. En total son nueve los proyectos referidos a la ampliación y garantización de derechos para personas LGBTIQ+ que fueron debatidos junto a organizaciones y referentes de todo el país el año pasado, mientras que el de cupo laboral es solo uno, el primero en obtener media sanción.

“Celebramos esta media sanción como toda ampliación de derechos. Pero sabemos que, después de sancionarse, tarda en aplicarse”, refirió Cardozo y agregó que “encima quedan muy porteñocentrista. Tarda en llegar a las provincias, tanto a las capitales como a los interiores de cada una”, algo que ya sucede desde septiembre del año pasado con el decreto 721/20 de cupo laboral trans en el sector público, destacó.

Reparación histórica

Cardozo remarcó especialmente la situación de las adultas mayores travesti trans que “son las más excluidas en esta ley, abandonadas al lugar del trabajo sexual y la explotación. Están abandonadas por estar en ese ámbito y por la edad”, explicó el referente. 

Según datos y proyecciones recogidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los datos son alarmantes y desesperantes: la esperanza de vida de la población travesti trans es de entre 35 y 41 años, alrededor del 90 % subsiste ejerciendo el trabajo sexual y casi la totalidad vive en la pobreza o indigencia.  

El cupo laboral trans será una herramienta clave en el camino para revertir esas estadísticas, aunque está lejos de ser la solución definitiva. “Eso no iba a ser así, porque la ley integral incluye una reparación histórica” para esta población vulnerada, remarcó Cardozo.

Además, resaltó la necesidad de avanzar en el debate y tratamiento del proyecto mayor, que abarca otros aspectos esenciales como la salud integral, el acceso a la vivienda o la educación, en definitiva, derechos humanos básicos. 

Más allá de lo público

Si bien la ley, al igual que el decreto vigente, obligará al Estado a garantizar el cupo del 1 % de sus contrataciones a personas de esta población que "reúnan las condiciones de idoneidad necesarias”, también prevé incentivos para contratar en el ámbito privado y créditos a tasa preferencial para emprendimientos. Asimismo, “en el sector privado tenemos muy poca información”, reconoció Cardozo.

En ese sentido, el referente volvió a remarcar la urgencia de ampliar y garantizar los derechos de acceso a las oportunidades para personas de este colectivo.

La semana pasada, invitado por la Federación Empresarial de Corrientes (Fecorr), Cardozo encabezó una charla sobre el tema ante empresarios locales. “Quedaron muy sensibilizados, especialmente con desarmar los mitos y prejuicios sobre esta población y la necesidad urgente de dar oportunidades”, apuntó el referente, y adelantó que la entidad se comprometió a tomar acciones al respecto. “Quedaron en volver a hacer una reunión para armar convenios para dar pasantías”, señaló.

Respecto a lo estatal, hay tres áreas dedicadas a la temática en los ministerios de Desarrollo Social (Dirección de Diversidad y Género y Área de Deportes LGBTIQ+) y de Salud. Sin embargo, la falta de información estadística sobre a la situación de esta población es escasa. Cardozo recordó que estaba previsto recabar datos mediante el censo poblacional del Indec previsto para el año pasado, que fue postergado por la pandemia.

“Cada área se ocupa de hacer su propia base de datos de acuerdo a los grupos que va asistiendo. Hay un montón de personas que todavía se resisten a acercarse a instituciones donde alguna vez sufrieron un maltrato y hay que contarles que ahora están estos espacios amigables, inclusivos”, resaltó Cardozo.

Algunas de las entidades con las que trabajan para acompañar y relevar la situación del colectivo son la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA), la Federación Argentina LGBT, 100 % Diversidad, UCR Diversidad, Diversidad Corrientes y Movimiento Evita, entre otras. “Son varias organizaciones sociales y algunas políticas de la diversidad, con afiliaciones nacionales”, comentó Cardozo.

El referente remarcó que, si bien la información con la que cuenta el ámbito público es poca, en el ámbito privado es aún menos. “Yo estoy haciendo capacitaciones desde 2015 y venimos generando consciencia en varias áreas”, comentó y subrayó: “Es un trabajo constante, va avanzando”. 

Una ley militada y esperada

El proyecto de cupo laboral trans es uno de los tantos con larga data y recorrido por parte de activistas y referentes del colectivo LGBTIQ+. En especial, en la sesión en la Cámara de Diputados no faltaron las menciones a las históricas militantes travestis trans Lohana Berkins (1965-2016) y Diana Sacayan (1975-2015, asesinada en el marco de un travesticidio). 

"Hoy seguimos transitando ese camino a la reparación que comenzó en el 2004, cuando Diana Sacayan decía, 'hasta que no podamos ponernos en la piel del otro, no vamos a poder pensarnos como sujetos transformadores de la realidad'. Y éste proyecto se trata de eso. Es un paso más", señaló la diputada cordobesa Gabriela Estévez (FDT) durante la sesión. 

Por el radicalismo, la diputada Brenda Austin apuntó que “en los procesos de reparación, de transformación cultural, cada voto cuenta, y cada acción de acompañamiento es un esfuerzo más en acelerar esa transformación que es innegable”.

La iniciativa, aprobada a la 1.20 de este viernes, se debatió durante tres horas y sumó 207 votos a favor; 11 en contra y 7 abstenciones. La posta ahora la tiene la Cámara de Senadores, donde el proyecto deberá ser tratado en comisiones antes de llegar al recinto para su sanción definitiva.