Promueven la creación de una agencia de bienes provinciales
El proyecto propone la administración integrada de los recursos del Estado y un banco de tierras. Por otra parte, Diputados contempla el tratamiento de la adhesión a la ley de fomento de la economía del conocimiento.
El oficialismo provincial promueve la creación de la Agencia Correntina de Bienes del Estado (Acobe) y la adhesión a la Ley Nacional de Promoción de la Economía del Conocimiento. Las iniciativas están en carpeta en la Cámara de Diputados y próximas a debatirse.
“Los bienes del Estado provincial, y los derechos sobre ellos, son activos que deben ser administrados de forma integrada con los restantes recursos públicos, resulta coherente y necesario completar el sistema de gestión financiero gubernamental con esta norma”, fundamenta el proyecto de creación de la agencia que hoy tendrá tratamiento en la Cámara baja, de haber sesión.
La Acobe será un organismo autárquico, dependiente del Poder Ejecutivo Provincial. Realizará sus rendiciones de ejecución presupuestaria ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Corrientes, según indica la propuesta del diputado Eduardo Vischi (UCR).
Algunas de sus funciones serán identificar todos los bienes del Estado provincial situados en la provincia, en otras provincias y en el extranjero; tasar todos los bienes del Estado provincial y mantener actualizado su valor; determinar en cada caso si el bien es de dominio público o privado; llevar un registro de bienes cuya propiedad y/o usufructo haya sido recuperada.
También, se prevé llevar un relevamiento actualizado de todos los bienes del Estado provincial; arbitrar los medios necesarios para la conservación de los bienes del Estado; percibir alquileres por el arrendamiento de bienes del Estado; invertir en obras de infraestructura que generen plusvalía; realizar operaciones mobiliarias o inmobiliarias que permitan a la Acobe obtener una rente; realizar subastas; o bien, crear un banco de tierras.
En el caso del banco de tierras, este tendrá por finalidad la adquisición de terrenos para brindar soluciones habitacionales a la población, según indica la iniciativa. Se deberá garantizar servicios como agua, energía eléctrica, cloacas, Internet, seguridad, educación, salud, entre otros.
Economía del conocimiento
Por otra parte, se prevé el tratamiento la adhesión a la Ley Nacional Nº 27506 “Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento”, y su modificación Ley Nacional Nº 27570. La iniciativa fue iniciada por Horacio Pozo (ELI) y ampliada por Norberto Ast (UCR).
La normativa nacional fomenta rubros como software y servicios informáticos digitales; producción y posproducción audiovisual (incluidos los de formato digital); biotecnología, bioeconomía, biología, bioquímica, microbiología, bioinformática, biología molecular neurotecnología e ingeniería genética, geoingeniería; servicios geológicos y de prospección y servicios relacionados con la electrónica y las comunicaciones; servicios profesionales de exportación; nanotecnología y nanociencia; industria aeroespacial y satelital, tecnologías espaciales; entre otros.
El oficialismo buscará dar media sanción a la iniciativa que prevé la creación de polos de desarrollo de la economía del conocimiento en cualquier punto del territorio provincial. Si bien son dos propuestas, ambas refieren al mismo objeto.
Otra de las propuestas que está en carpeta para su tratamiento es la implementación de una Fiscalía Rural y Ambiental en la segunda circunscripción judicial, con asiento en Goya, propuesta de la diputada María Eugenia Mancini (CAP).
Por otra parte, ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley de protección integral a las embarazadas con trombofilia, de autoría de los diputados Juan Carlos Álvarez (UCR) y Albana Rotela (PP). Permitirá brindar tratamiento a las mujeres que tienen esta patología durante la gestación.
En tanto, la diputada Alicia Meixner (PJ) promueve la adhesión a la Ley Nacional Nº 26691 –Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado. La propuesta tomará estado parlamentario hoy.
Derechos humanos
Cuenta con preferencia para su tratamiento la modificación del artículo 12 de la Ley Nº 6280 de creación del Comité Provincial de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que impulsa la diputada Alicia Meixner (PJ).
La intención es que se garantice autonomía funcional y que se dependa administrativa de la Cámara de Senadores, ya que, actualmente, depende de ambas cámaras y esto puede causar dilaciones en relación con respecto a trámites administrativos, según indica la propuesta.
