Confirman procesamiento por agredir a su mujer embarazada
El Superior Tribunal revocó una resolución de la Cámara de Apelaciones.
El STJ revocó una resolución de la Cámara de Apelaciones Criminal de la Capital que declaró nulo el procesamiento de un hombre por lesiones leves a su pareja embarazada.
La Cámara consideró que el Ministerio Público Fiscal debió justificar su intervención, ya que se trataba de un delito de instancia privada.
Para el fiscal -al tratarse de violencia de género- su participación era válida porque mediaron razones de seguridad e interés público. El Superior Tribunal de Justicia, por unanimidad, dictó la Sentencia Penal N°249/21 en la que hizo lugar a un recurso interpuesto por el fiscal en lo Correccional, doctor Pablo Sosa, y confirmó el procesamiento, consignó la oficina de prensa del Poder Judicial en su sitio web.
El juez Alejandro Chaín dio por válido el procesamiento y señaló que el razonamiento de la Cámara fue arbitrario, porque si bien el delito es de instancia privada y la víctima no tuvo voluntad de que se siga investigando, mediaron razones de seguridad e interés público.
La ley señala que en estos delitos se podrá actuar de oficio y así lo indicó el ministro: “Toda vez que media una razón de interés público, caso en el que cede la limitación de procedencia de la acción de oficio en razón de que el hecho excede el marco individual respecto de la víctima, siendo necesario para el orden y el bienestar de la sociedad el juzgamiento del hecho”.
Recordó que era ineludible que se tengan en cuenta los compromisos contraídos por el Estado argentino, la Cedaw y la Convención Belén do Pará respecto de que las causas que involucran cuestiones de género deben ser abordadas desde una perspectiva diferente.
La víctima realizó la denuncia del hecho que sucedió el 7 de noviembre de 2018 y fue presenciado por su hija menor de edad. En sede judicial, relató detalladamente lo que ocurrió y explicó que cursaba un embarazo de alto riesgo. En la investigación se constataron las lesiones.
El informe médico puso de manifiesto indicadores de riesgo: relato de frecuentes episodios de violencia física, verbal y psicológica; existencia actual de amenazas de muerte; y situaciones de acoso y estado de vulnerabilidad, temor, angustia y ansiedad; surgiendo por consiguiente en forma notoria que la actuación del fiscal fue en función del interés público.
