8 muertos, 9 años y un anhelo de justicia que se disipa entre billetes y prórrogas

Pasaron más de nueve años desde que cedió parte de la estructura del edificio ubicado en la calle San Martín al 600, en la ciudad de Corrientes. El resultado: ocho personas muertas y un proceso judicial que hace estrechar las chances de justicia. Algunas de las familias de las víctimas siguen alzando su voz, a pesar de enfrentar una lucha por demás desigual. 

A casi una década de aquel hecho, los imputados y llamativamente –o no– también la Justicia, siguen dando vueltas entre vericuetos legales y plazos que se extienden más allá de lo razonable. En este proceso, nada nuevo, se sumó ahora el último capítulo: un pedido de suspensión del juicio por parte de los abogados. Los acusados son Marcelo Mayer, Walter Bruquetas, Elías Cohen y Carlos Valenzuela.

En estos años de dolor y desgaste, fueron varias las familias que decidieron llegar a un acuerdo económico, dejando de lado el juicio. Pero hay tres de los querellantes que mantienen firme su postura y que aseguran que no claudicarán, a pesar de las infinitas trabas que tuvieron y tienen que seguir sorteando para conseguir justicia. 

Rosa Urbina, madre de uno de los fallecidos, dialogó ayer con República de Corrientes. La mujer continúa luchando por conseguir un fallo que condene a los responsables de la muerte de su hijo y de sus siete compañeros que tuvieron un final trágico por culpa de las serias y variadas irregularidades que presentaba la obra. 

El pedido de justicia viene acompañado por el dolor, obviamente, pero también por un sentimiento de bronca que se le hace imposible acallar y que tampoco quiere ocultar. 

“Pidieron la suspensión del juicio”, dijo Rosa, con un tono de incredulidad, aunque asegura que lamentablemente ya no le sorprende. La próxima expresión perdió vehemencia y se convirtió casi en resignación: “¿Qué le vamos a hacer?”.

El malestar es constante, pero se hace más visible cada vez que se cumple un aniversario del hecho o cuando se dan, como ahora, algunas novedades judiciales que casi siempre terminan en plazos dilatados y medidas que se alejan del pedido de los familiares. 

“Pasaron muchos años. Ellos quizás creyeron que estirando la situación íbamos a ceder, pero no nos interesa la plata, queremos paz y justicia”, expresó Rosa sobre los ofrecimientos económicos hechos por los responsables de la obra. Además, la mujer acotó: “Ni siquiera vimos que tengan un poco de arrepentimiento. Tendrán mucho dinero, pero son seres humanos”. 

Esa bronca y el anhelo de un fallo justo son los motores de Rosa, además de su nieto de 13 años, que ya cursa la escuela secundaria, pero que no había cumplido 4 cuando su papá falleció mientras trabajaba. 

Pero, si es que puede medirse, el enojo mayor es quizás con el accionar de la Justicia. Las tres familias que siguen firmes con la demanda tratan de destrabar complicaciones todo el tiempo, pero estas vuelven a darse de manera reiterada. 

“La Justicia deja mucho que desear, los están protegiendo”, dijo Rosa en relación con los reiterados guiños que hubo a favor de la postura y las voluntades de los acusados. En este sentido, hizo foco en una situación que quizás pueda parecer menor, pero que toma trascendencia al formar parte de un cúmulo de decisiones que entienden desacertadas: “¿Por qué tuvieron que conectarse por Zoom y no estar de manera presencial?”, se preguntó la mujer, y la respuesta le salió sola de inmediato: “Porque los protegen”. 

Es que, más allá de cuestiones legales, formales y específicas del derecho, el devenir de los hechos en el caso de los ocho obreros parece no hacer otra cosa que reforzar el imaginario colectivo de que hay dos justicias, una para ricos y otra para pobres. Y eso es lo que sienten y dicen los familiares de los trabajadores que murieron por las irregularidades de una obra que no debía seguir su curso. El resultado fue claro aquel 22 de marzo de 2012, cuando se produjo el derrumbe trágico. 

“Resignada no estoy. Solo nosotros sabemos el dolor que pasamos día a día y cómo tuvimos que aprender a vivir con la ausencia; estas cosas no se olvidan ni se perdonan”, dijo sin tapujos Rosa Urbina. Y agregó: “Pensando en el mejor escenario posible, los responsables tendrían una condena de cinco años y ya pasaron nueve. Eso no es justicia”. 

El caso

Los apuntados como responsables del derrumbe trágico ofrecen una suma de dinero como resarcimiento y el capataz de esa obra planteó la posibilidad de dictar clases y hacer trabajos de mampostería, algo considerado irrisorio por las familias. Pero como dice el refrán: cuando el dinero habla, la Justicia calla.