El Concejo incorporó a Mercedes Franco Laprovitta, que reemplaza a Fabián Ríos
El legislativo comunal aprobó la prórroga de la intervención de la Caja Municipal de Préstamos.
Mercedes Franco Laprovitta juró este martes para ocupar una banca en el Concejo Deliberante de la Capital, en reemplazo de Fabián Ríos, que asumió como gerente de obra de Añá Cuá, el proyecto de ampliación de la central hidroeléctrica Yacyretá.
La jura de Franco Laprovitta se realizó durante la 8ª sesión ordinaria del Concejo, realizada en el recinto de la Legislatura, en la que los ediles aprobaron el masterplán del Parque Industrial Tecnológico Santa Catalina y la prórroga de la intervención por 180 días de la Caja Municipal de Préstamos (CMP).
Presidido por Alfredo Vallejos, el legislativo comunal aprobó sobre tablas y por unanimidad el dictamen de la Comisión de Poderes respecto del diploma de concejal de Franco Laprovitta.
En cumplimiento del reglamento, una vez habilitada la incorporación de la nueva integrante, Vallejos le tomó juramento a la reemplazante de Ríos en el Concejo.
Ya con la conformación completa del cuerpo, los ediles aprobaron el marco regulatorio y normativo del Parque Industrial Tecnológico Santa Catalina, y otras normas vinculadas al Fideicomiso que incluyen la creación del Plan Especial Primera Etapa de Urbanización de Predios y el Plan de Sector 2 Áreas Residenciales y Mixtas, un instrumento técnico cuya finalidad es precisar las pautas y disposiciones urbanísticas en esta parte de la ciudad.
Sin acompañamiento de la oposición, el Concejo aprobó la prórroga por 180 días de la intervención a la CMP, para que la entidad continúe con la tarea de revisión, auditoría y saneamiento administrativo, jurídico y contable.
Isla Apipé
El Concejo declaró de interés el reclamo de una solución para el problema de demarcación limítrofe del río Paraná, en la zona de las islas Apipé y Apipé Chica, ubicadas entre Argentina y Paraguay.
Así adhirió a los reclamos efectuados por el gobernador Gustavo Valdés y el Gobierno de Corrientes, cuyo objetivo es “resguardar los derechos” de los más de 2.000 correntinos que allí residen.
