Querellante afirma que la defensa busca la prescripción de la causa
Rosa Urbina, madre de un obrero, reclama el juicio.
Uno de los abogados querellantes, Juan Manuel Cubilla Podestá, dijo a la prensa, al término de la audiencia de ayer, que "como querellante sentí satisfacción por el rechazo de la suspensión del juicio a prueba. Pero a la vez me preocupan los planteos de dilatorios por parte de la defensa".
Recordó que, "a lo largo de este proceso previo al debate, soportamos situaciones graves. Como querellantes, no nos permitieron hablar". Enfatizó que "advierto que están tratando de llevar a la prescripción de la causa".
Por su parte, Rosa Urbina, madre de Diego Rodríguez, una de las víctimas, dijo que, "a partir de la decisión de los jueces, siento que habrá justicia no solo para mi hijo, sino para los demás compañeros".
Oferta de poca plata y fuerza de trabajo
El imputado Walter Bruquetas justificó su propuesta presentando recibo de sueldo de docente de $ 70.898,22, el que destinará una parte y, con ayuda de familiares, la suma de $ 43.750 para las familias de los fallecidos, $ 32.500 para los que sufrieron lesiones graves y daños materiales en su vivienda, y $ 20.000 para quien sufrió lesiones leves, lo que totaliza $ 500.000.
Por su parte, Carlos Valenzuela, que se desempeñaba como capataz de la obra, ofreció su fuerza de trabajo. Dijo que solo tiene como ingreso su haber mensual como jubilado de $ 25.776,14.
Entre los damnificados se encuentran los padres de los fallecidos o las esposas y también hijos, algunos ya son mayores.
Para algunos, ese ofrecimiento "no sirve" o "es poco" o "quieren una casa" o simplemente no están de acuerdo, sin brindar mayores explicaciones y se inclinan por el juicio oral.
El tribunal, en su resolución de ayer, sostuvo que "no se puede soslayar la multiplicidad de víctimas que perdieron la vida en el hecho y otros que quedaron heridos y con secuelas".
Remarcaron que " en virtud de directivas constitucionales, la víctima del delito tiene derecho a una intervención en el proceso penal para la satisfacción de sus legítimos intereses
jurídicos".
