Por orden del STJ, una concejala pudo jurar 10 días antes de cesar su mandato

Gabriela Ortiz debía incorporarse como concejala sanroqueña cuando comenzó el período ordinario de sesiones de marzo de 2019. Sin embargo, el día de la ceremonia en la que debía jurar le informaron que encontraron una presunta incompatibilidad en su pliego. Entonces, asumió otra concejala que la seguía en la grilla de candidatos elegidos en el 2017 por la boleta de la alianza San Roque Merece Más. El caso se judicializó y llegó hasta la presentación de un recurso extraordinario dirigido a la Corte Suprema, pero el Superior Tribunal de Justicia rechazó ese planteo y ratificó su postura de que la candidata electa debía asumir. Esto se concretó anteanoche.

"Faltan pocos días para que finalice mi mandato. De todas maneras, creo que esto fue positivo para limpiar mi nombre porque se dijeron muchas cosas que, por supuesto, no eran ciertas. Y eso no me afectó a mí solamente, sino a toda mi familia", expresó Ortiz en diálogo con República de Corrientes. Se refirió así a la última sesión ordinaria del legislativo municipal que se concretó en la noche del martes 30 y que tenía como uno de los temas del orden del día su jura como concejala.

"Esto se concretó porque el Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso extraordinario que presentaron desde el legislativo de San Roque para intentar apelar ante la Corte  Suprema el fallo -precisamente- del STJ que en agosto pasado revocó las sentencias que había en contra de Ortiz  en las otras instancias, declaró nulas las actuaciones del Concejo que impedían que ella asumiera y hasta ordenó que en un plazo de 48 le tomaran juramento", explicó el abogado defensor de la edila, Matías Samaniego. Tras lo cual, quien integra el estudio jurídico Cubilla Podestá & Asociados, añadió que "en esta oportunidad, los ministros establecieron 24 horas para que Ortiz asumiera".

Sucesión

Luego, el letrado recordó cómo se inició este proceso cuya primera parte concluyó con la incorporación de la citada concejala al Legislativo local. "Porque ahora que quedó firme el fallo que demuestra que fueron vulnerados de forma arbitraria e ilegal los derechos políticas de ella, que se manchó su nombre y que inclusive la afectaron económicamente en el inicio de este proceso, vamos a continuar con la segunda parte del caso, que es pedir un resarcimiento", adelantó Samaniego. 

Después, especificó que en los comicios del 2017, el frente San Roque Merece Más obtuvo dos bancas y una de ellas correspondió a José María Morales, quien después renunció para asumir como integrante del Gabinete municipal. En su reemplazo juró Mariana Florentín. Pero ella también dimitió porque al ser cuñada del intendente no podía votar una serie de proyectos en el recinto legislativo, como el presupuesto, rendiciones contables, etc.

Por eso, de acuerdo con el orden de sucesión, le correspondía asumir a Ortiz. "Sin embargo, la Comisión de Poderes dictaminó que ella no estaba en condiciones porque presuntamente incurrió en una incompatibilidad cuando fue concejala en 2009. Es decir, 10 años atrás. Pero, más allá del tiempo transcurrido tampoco era cierto", aseveró Samaniego. 

Tras lo cual detalló: "En aquella oportunidad, ella pidió licencia sin goce de haberes como policía. Como esos papeles llevan un tiempo, le pagaron dos sueldos más por ese rol y entonces ahora la acusaban de que cobró doble y por cargos incompatibles: su haber como efectiva de seguridad y su dieta como concejala. Y en realidad, ella no incurrió en ningún delito. Probamos en la causa que Ortiz no fue responsable de que le pagaran esos dos meses como policía, sino que además después le descontaron ese dinero que le fue abonado. En síntesis, nunca se quedó con dinero indebido".

Fallos

En base a lo expuesto, se generó una disputa  judicial entre el legislativo municipal y Ortiz, período en el que su rol en el recinto fue ejercido por la otra candidata electa que la seguía en la lista: Isabel Montenegro.

"El recurso de amparo por Gabriela se presentó en el Juzgado local, pero nos rechazaron. Fuimos a la Cámara de Apelaciones y desde allá volvieron a mandar para acá el expediente a fin de que resolvieran la cuestión. La respuesta fue un rechazo nuevamente por parte de la Justicia local para nuestro planteo. Así que insistimos en la Cámara. Ahí también denegaron nuestro pedido para que dejaran asumir a Ortiz. Recién obtuvimos un fallo favorable en el STJ", resumió el letrado, quien concluyó: "Es una lástima que pese a ser electa, tuvo que esperar 20 meses para que le reconocieran sus derechos políticos". 

Donación al ISFD

En la última sesión ordinaria del Concejo de San Roque también se trató un proyecto a través del cual el Municipio dona a la Provincia un terreno para el futuro edificio del Instituto Superior de Formación Docente (ISFD).

Esto fue aprobado por unanimidad.