No admitieron la queja por el rechazo a una recusación
Federico Grau, exsecretario del exjuez Soto Dávila, pidió apartar al fiscal Carlos Schaefer.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal no admitió el recurso de queja que presentó la defensa del doctor Federico Alberto Grau, contra la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, que rechazó la recusación del fiscal federal Carlos Schaefer.
Grau ocupó la Secretaría Penal Nº 2 del Juzgado Federal Nº 1 de Corrientes, cuando se hallaba a cargo del Carlos Vicente Soto Dávila, quien el viernes 15 de febrero de 2019 presentó su renuncia. El exjuez había sido procesado en diciembre de 2018 acusado como presunto jefe de una asociación ilícita que cobraba dinero a narcos a cambio de dictar resoluciones judiciales que los beneficiaran. En las actuaciones judiciales quedaron implicados Federico Grau, que ocupaba la Secretaría Penal Nº 2 y Pablo Molina, que estaba al frente de la Secretaría Penal Nº 1. Los dos fueron apartados.
Grau, Molina y Soto Dávila quedaron involucrados en una causa que se desprendió del denominado Operativo Sapucay, que llevó a juicio y condena a varios acusados por el tráfico de marihuana desde Itatí.
El 30 de agosto de 2021, el TOF de Corrientes rechazó la recusación que presentó Grau a través de su abogado contra el fiscal Carlos Schaefer. Ante este fallo desfavorable, recurrió a casación. El lunes 20 de diciembre, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal no hizo lugar al recurso de queja de Grau.
Los jueces basaron su resolución en las disposiciones del artículo 55º y su relación con el artículo 71º del Código Procesal Penal de la Nación.
Explicaron, al analizar los argumentos de la defensa, que las resoluciones que deciden sobre las recusaciones no son posibles de ser impugnadas en la instancia de la Cámara de Apelaciones porque no se trata de la sentencia definitiva de la causa. La recusación no pone fin a la acción ni a la pena ni hace imposible la continuación de las actuaciones ni tampoco deniega la extinción, conmutación o suspensión de la pena. Basándose en jurisprudencias, sostienen que a la Cámara de Apelaciones le corresponde intervenir como "tribunal intermedio" cuando se fundamenta una cuestión federal, que en el caso de Grau no se demostró.
