Son 400 las interrupciones voluntarias de embarazo registradas por Salud Pública

A casi un año de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) Nº 27610 por el Congreso, desde el Ministerio de Salud de Corrientes informaron la cantidad de procedimientos que realizaron en la provincia. Además, precisaron la edad promedio de mujeres que piden acceder a este derecho y mencionaron la necesidad que tuvieron de regresar a localidades para explicar el alcance de la normativa y cómo debían responder como profesionales de la salud. 

La IVE es ley desde el 30 de diciembre del año pasado y la promulgación se dio el 14 de enero de 2021.

Dispone que "los servicios públicos de salud, las obras sociales nacionales y provinciales y las empresas y entidades de medicina prepaga incorporen la cobertura integral y gratuita de la práctica". No requiere adhesiones provinciales ni reglamentación para su vigencia.

 

"Por lo general, 
consultan en 
etapas tempranas 
del embarazo"
 
ADELA SAADE
SALUD MATERNO-INFANTOJUVENIL

 

Aplicación en la provincia

La directora general de Salud Materno-Infantojuvenil, Adela Saade, dijo a República de Corrientes que la implementación de la ley se inició en febrero pasado en la provincia.

Aseguró que a finales de ese mes la práctica se podía hacer en todos los centros de salud y, sobre todo, en las maternidades, donde hubo al menos un profesional que decidió hacer el procedimiento. 

Para esto, "se hizo capacitación previa como cualquier otro sistema que se implementa en Salud Pública". 

Desde el Ministerio convocaron por zona sanitaria a charlas que, en principio, fueron por Zoom debido a las restricción por la pandemia de covid-19. 

"Se los convocó y se informó sobre la ley y sus alcances. En base a eso se fue avanzando", indicó Saade a este diario. 

La autoridad sanitaria sostuvo que la capacitación llegó a todas las localidades del interior, "algunas con más o menos aceptación". Al respecto, comentó que en algunas ciudades tuvieron que volver a "bajar el personal del Ministerio de Salud con profesionales obstetras para repetir la explicación de los alcances de la ley y la implicancia del procedimiento". 

La directora del área expresó que había "una fantasía" en cuanto a la práctica y tuvieron que precisar la normativa vigente.  En este sentido, agregó que "esto es habitual cuando el médico no está tan empapado en el tema". 

El procedimiento "no necesariamente" tiene que estar a cargo de un tocoginecólogo. Para las charlas, que después fueron presenciales, "se convocaron a enfermeros, obstetras y personal nuevo que quizás no había presenciado los primeros talleres". 

En estos encuentros, también fue un profesional de la Dirección de Legales del Ministerio de Salud. A la vez, señaló que "hubo reticencia pero mejor predisposición cuando bajamos de forma presencial la capacitación, mejor respuesta que por Zoom". 

Ante esta ley, Saade sostuvo que "hay que dar respuesta como sistema público" y buscar un centro de salud público o privado que haga el procedimiento, si se encuentran negativas. Sin embargo, señaló que "no hubo grandes resistencias". 

Registro local

En Corrientes existe un registro a cargo del Ministerio de Salud. Esto es necesario ya que necesitan anotar la medicación que proveen: una parte viene de la Nación y la otra de la Provincia. 

"Tenemos un registro donde obviamente se consigna en base a siglas del paciente que se atiende. Además, solicitamos una minihistoria clínica. Vamos cargando en una base de datos provincial donde se especifica los procedimientos que se realizaron", comentó Saade a este diario. 

En total, hasta ayer habían realizado en la provincia de Corrientes "400 procedimientos desde la sanción de la ley". 

"La edad promedio de las mujeres que más requirieron este procedimiento fue de entre 25 y 35 años", indicó Saade a República de Corrientes. 

En este marco, dijo que "por lo general consultan en etapas tempranas del embarazo, cuando tienen 4 o 6 semanas, ahí se le indica estudios como de laboratorio para no incurrir en ninguna ilegalidad". 

"Hemos tenido muy pocos casos, quizás unos 5, que se acercaron con la edad gestacional al límite. Hubo que acelerar los tiempos y realizar el procedimiento no solo con misoprostol (droga) sino también con una miniintervención", detalló y agregó que la mayoría de los procedimientos se realizaron con misoprostol. 

El pedido de esta práctica estuvo distribuido en un 50 % en la capital y un 50 % en  localidades del interior provincial. 

Objetores 

Los que se negaron a realizar el procedimiento plantearon que era "por una cuestión religiosa". Estos profesionales "consideran que hay vida desde el momento de la concepción". 

"No es la gran mayoría del profesional médico. Más allá de esas cuestiones religiosas no hubo mayor resistencia", dijo y contó que algunos modificaron alguna postura personal al conocer los alcances legales. 

Datos nacionales

A quince días de cumplirse un año de la sanción, el Ministerio de Salud de la Nación brindó datos oficiales en cuanto al procedimiento en el país. La cantidad de hospitales y centros de salud públicos que garantizan el derecho al aborto legal creció el 30 % en el último año.

Además, durante este año, la línea gratuita de salud sexual recibió más consultas por este procedimiento que la suma de los diez años anteriores.

La línea 0800 222 3444 del Ministerio de Salud de la Nación de asesoramiento y derivación recibió 19.000 consultas sobre interrupción del embarazo entre enero y noviembre de 2021. 

En total, se realizaron 32.458 abortos, de forma gratuita y segura, en el sistema público y se distribuyeron 46.283 tratamientos de misoprostol. 

¿Qué dice la Ley 27610?

La Ley Nº 27610 establece que las mujeres y personas gestantes tienen derecho a: decidir la interrupción del embarazo de conformidad con lo establecido; requerir y acceder a la atención de la interrupción del embarazo en los servicios del sistema de salud; requerir y recibir atención postaborto en los servicios del sistema de salud, sin perjuicio de que la decisión de abortar hubiera sido contraria a los casos legalmente habilitados de conformidad con la ley; prevenir los embarazos no intencionales mediante el acceso a información, educación sexual integral y a métodos anticonceptivos eficaces.

La normativa garantiza el derecho a decidir y acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, inclusive, del proceso gestacional.

El derecho a decidir y acceder a la interrupción voluntaria del embarazo a partir de la semana 15:  si el embarazo fuere resultado de una violación, con el requerimiento y la declaración jurada, ante el personal de salud interviniente. En los casos de personas menores de 13 años de edad, la declaración jurada no será requerida. Si estuviera en peligro la vida o la salud de la persona gestante.

Habrá un pañuelazo verde en el puerto  

Con motivo de celebrarse un año de la sanción de la Ley Nº 27610, que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y la atención posaborto, se realizarán actividades en el país. 

"Estamos organizando con Docentes por el Derecho a Decidir un pañuelazo en el puerto el día 30 de diciembre, a un año de la aprobación de la ley que garantiza el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. En principio, podemos decir que la ley no está en todo su aspecto respetada", dijo a este diario Mónica Baglieto, referente de la organización feminista Mumala. 

"Estaremos celebrando la aprobación al cumplirse el primer año pero también visibilizando la vulneración de este derecho", agregó. 

Para referentes, la IVE viene a responder un problema de salud y es el sistema sanitario el que debe garantizar esta normativa.