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POSTURAS | LEGISLADORES CORRENTINOS

La reforma judicial reavivó la grieta en el Congreso de la Nación

La propuesta se debatiría mañana en el Senado. Diputados anticiparon que no darán quorum si el expediente obtiene media sanción. El FDT salió al cruce de declaraciones del oficialismo local.

Congreso. En medio de la pandemia, la iniciativa quebró la tensa armonía parlamentaria.Crédito: Gentileza

El proyecto de reforma judicial se debatiría mañana en el plenario del Senado de la Nación. La iniciativa desempolvó la discusión política en un Congreso que se mantenía abocado a la pandemia de covid-19. Finalmente se quebró una tensa armonía que intentaba mantener el presidente de la Nación con las Provincias y la oposición.

En la tarde del lunes hubo reuniones de parte del interbloque  Juntos por el Cambio, entre ellos integrantes correntinos, con asociaciones que nuclean a abogados y magistrados del fuero federal. Gran parte de la oposición sentó postura que no dará quorum, y, en caso de habilitarse el debate, se votará por su rechazo.

El senador Pedro Braillard Poccard (Partido Popular) expresó que está a favor de debatir, pero no estaba de acuerdo con los plazos y la metodología. La iniciativa propone la creación de nuevos juzgados penales en la Ciudad de Buenos Aires y en el resto del país, como así también la transferencia de la Justicia ordinaria a la esfera porteña.

Uno de los puntos que mayores cuestionamientos mediáticos recibió fue la denominada "Cláusula Parrilli". En declaraciones a radio Sudamericana, el senador nacional por Corrientes Pedro Braillard Poccard expresó su rechazo.
"Es una vergüenza y un verdadero escándalo. Debemos defender la libertad de prensa y de expresión. No podemos cerrar el micrófono a los periodistas", dijo a República de Corrientes la diputada nacional Estela Regidor (UCR) sobre la cláusula.

"La postura tirana del Gobierno nacional quedó expuesta una vez más al pretender incriminar en forma directa a los medios de comunicación en denuncias judiciales, escudándose tras el término ‘presión mediática’, obligando a los jueces a comunicar cualquier indicio de ‘influencia’, a través las expresiones mediáticas que puedan generarse", indicaron desde la UCR Corrientes, a través de un comunicado.

La cláusula E

El dictamen de la mayoría de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y de Asuntos Penales  del Senado de la Nación establece en el artículo 72 que los jueces de todos los fueros con jurisdicción federal deberán "dar estricto cumplimiento a las reglas de actuación", en cuyo inciso E establece "comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos y mediáticos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo".

Para Regidor, el texto es ambiguo y quedaría bajo la libre interpretación de los jueces. "Es una reforma a medida de los intereses de la vicepresidencia y de sus amigos", indicó la diputada nacional, quien anticipó que, de aprobarse el proyecto en el Senado, su postura será no dar quorum, y en caso de que se habilite el debate, votará por su rechazo.

De igual modo se pronunció su par Ingrid Jetter (PRO), quien no dará quorum como estrategia legislativa. Los aspectos fundamentales que cuestiona tienen que ver con "lo inoportuno del proyecto" como así también con la necesidad de "un debate integral de la Justicia", ya que el texto en análisis en la Cámara alta contempla el fuero federal penal.

Críticas al proyecto

"El país está en una situación crítica con la pandemia del covid-19. Necesitamos atender la cuestión económica. Hay muchos argentinos bajo la línea de pobreza. Tenemos la cuarentena más larga. Tenemos a los delincuentes libres y a los ciudadanos apresados", expresó Regidor, quien coincidió en que "no es el momento" de debatir una reforma judicial.

 

El país está una situación crítica, no es momento de una reforma judicial

ESTELA REGIDOR
DIPUTADA NACIONAL (UCR)

 

"Considero la inoportunidad del proyecto cuando estamos en un momento en el cual deberíamos poner las energías en lo económico y en la pandemia", expresó Jetter a República de Corrientes. Además, indicó que, tras conversaciones con asociaciones de magistrados y de abogados del fuero, uno de los cuestionamientos fue "a falta de consulta”"al sector. Además, en estos encuentros se indicaron las carencias en materia edilicia y de infraestructura para la creación de nuevos juzgados.

CFK

Por primera vez, la vicepresidenta de la Nación, Cristina  Kirchner, se explayó ayer respecto del proyecto. "A este proyecto que crea juzgados en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país, que aborda cuestiones de competencia, que le da una mayor transparencia al ingreso y al sorteo de causas e introduce la perspectiva de género, se lo ha titulado erróneamente ‘Reforma Judicial’", expresó a través sus redes sociales.

Cruce con Colombi

"Esta reforma judicial está  tratando de tapar y terminar definitivamente con todos los casos judiciales, que queden impunes", expresó el exgobernador Ricardo Colombi. "La ciudadanía debe  estar atenta, porque no va en contra de una persona, sino en contra de los 45 millones de argentinos, para tapar ‘los chanchullos’ de determinadas personas que tienen proceso judicial en marcha", dijo el senador provincial y presidente de la UCR.

Por su parte, desde el bloque de legisladores correntinos del Frente de Todos salieron al cruce de las declaraciones de Colombi a través de un comunicado. "Aclaramos que el proyecto propone para Corrientes la creación de cinco nuevos Juzgados Federales, cuatro nuevas Fiscalías Federales, un nuevo Tribunal Oral en lo Penal y una nueva Defensoría Oficial; con lo que el servicio de Justicia Federal en nuestra provincia duplicará su capacidad de investigación, procesamiento de causas y juzgamiento de delitos", expresaron.

Sobre el artículo 72 del proyecto, indicaron que el proyecto "propone otorgarles herramientas a jueces/as para solicitar medidas de protección ante el Consejo de la Magistratura frente a presiones de cualquier tipo".