Inquilinos alertan que los cambios en la ley agravarán la situación del sector
A través de un comunicado, la federación que nuclea a los locatarios acusó al Estado de impulsar medidas que benefician a las inmobiliarias. Legisladores quieren derogar la norma en abril.
La ley de alquileres es motivo de debate casi desde el momento mismo en que empezó a implementarse y ahora los inquilinos volvieron a levantar su voz en contra de algunas modificaciones que se están analizando a nivel nacional. Si bien casi todos coinciden en que la normativa es mejorable, aseguran que el Gobierno y la oposición solo están tomando en cuenta los requerimientos de las inmobiliarias.
Debido a esta situación, la Federación Nacional de Inquilinos emitió un comunicado para marcar posición en este contexto y en las vísperas de lo que será seguramente el análisis de la normativa en el Congreso. En primer término, aseguran que el incumplimiento de la ley "es casi total por parte de las inmobiliarias y los rentistas".
"El incumplimiento
de la ley es casi
total por parte
de las inmobiliarias
y rentistas"FEDERACIÓN DE INQUILINOS
Por eso, señalan que plantear que el problema de los alquileres es culpa de la ley "es una falta de respeto a la inteligencia de todas las organizaciones inquilinas del país mientras que la vivienda está dolarizada y el alquiler desregulado".
Acusan a la Nación de tratar de desentenderse completamente de sus obligaciones de regular al mercado inmobiliario para proteger a los 9 millones de inquilinos de todo el país y entregarle a las inmobiliarias la capacidad de decidir cómo se alquila.
La ley indica que el tiempo mínimo de los contratos debe ser de tres años y las actualizaciones tarifarias anuales, de acuerdo con el índice que establece y publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
El pedido de las inmobiliarias es que los acuerdos duren solo dos años y que los aumentos puedan darse cada seis e incluso cada tres meses. Algunos, con una postura más radicalizada, pretenden que la transacción se dé de manera libre entre las partes y que cada uno convenga la modalidad de pago y los plazos.
Alternativas
Existen dos posturas. La primera es la de modificar la ley actual y la otra, que impulsa la oposición, es directamente la derogación. Los inquilinos advierten que se encuentran en alerta ya que temen que la decisión que se tome podría agravar aún más la situación, ya de por sí crítica.
"Si el mercado inmobiliario logra la modificación, tendremos contratos más cortos, aumentos semestrales o trimestrales que harán mucho más caros los alquileres", señalaron desde la Federación.
Por su parte, Sergio Massa planteó la posibilidad de suspender la normativa, algo que los inquilinos consideran "irresponsable" y señalan que el Estado será responsable en caso de que avancen con opciones que ellos entienden que los perjudicaría más aún, fortaleciendo a las inmobiliarias en una relación ya de por sí desigual.
Una oferta insuficiente
Además de las condiciones de los contratos y la actualización de las cuotas, uno de los puntos centrales que se intenta resolver es el desbalance que existe desde hace un tiempo entre la oferta y la demanda.
En varias zonas del país, como Corrientes –sobre todo, por ser una ciudad universitaria–, la cantidad de personas que desean alquilar es muy superior a las locaciones disponibles.
Para solucionar esta cuestión, ambas partes tienen dos posturas bien diferenciadas. Los inquilinos piden la aplicación de un impuesto a la vivienda ociosa o vacía, mientras que las inmobiliarias apuntan a que el Estado brinde incentivos para que se puedan desarrollar nuevas construcciones que logren equiparar al menos parcialmente la oferta con la demanda.
