Ley Yolanda en Corrientes: una oportunidad para un futuro sostenible
Ayer la Cámara de Senadores de Corrientes aprobó en Goya la adhesión de la provincia a la Ley 27592 también conocida como ley Yolanda. Se trata de una normativa que busca que todos los funcionarios públicos sean capacitados en una formación integral en ambiente, en vista del desarrollo sostenible y dando cuenta del cambio climático.
Su sanción a nivel nacional se dio el 17 de noviembre de 2020, desde entonces diversas provincias fueron adhiriendo a la normativa. En Corrientes el proceso recién se culminó ayer, luego de idas y vueltas en las cámaras, donde se fue adecuando el contenido.
Por el momento aún falta un paso central, se trata de la promulgación de la Ley por parte del Ejecutivo y su publicación en el Boletín Oficial. Una vez que eso ocurra se podrá saber qué organismo estará encargado de llevar adelante la Ley.
En diálogo con República de Corrientes, Nicolás Duarte, miembro y fundador de Correntinos contra el Cambio Climático expresó que el trabajo con profesionales de la UNNE y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) es una demanda solicitada por los grupos ambientalistas ya que permitiría "poner sobre la mesa la realidad de las personas que trabajan en ese campo día a día".
En ese sentido, y según pudo saber República de Corrientes, en el texto aprobado ayer se da cuenta del rol de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) como colaborador, siempre y cuando se lo solicite.
Por otro lado, un punto clave que todavía se desconoce de la normativa tiene que ver con la forma en la que se la va a aplicar.
El texto aprobado ayer destaca en el artículo 2°: "El Poder Ejecutivo, en el plazo de noventa (90) días, creará los programas con el objeto de garantizar la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático. Los lineamientos generales destinados a las capacitaciones serán elaborados por los organismos provinciales competentes en materia ambiental, con perspectiva local y teniendo en cuenta la problemática ambiental y las necesidades de desarrollo de la Provincia".
"Va a ser muy necesario que se le de especial atención y se pueda hacer una abordaje local y regional de las problemáticas que nos envuelven. Claramente no es lo mismo hablar de las problemáticas del NEA que de la Patagonia. Son realidades y contextos sociales totalmente diferentes. En ese sentido es fundamental que se la pueda acomoldar bien".
Una de los grandes reclamos de diversas agrupaciones y actores relacionados al ambientalismo pasa porque se respete el reglamento estipulado en las normas nacionales, donde se establecen las horas cátedra, los lineamientos, ejes y hasta temas específicos que deben ser tratados con obligatoriedad.
"Es algo clave entender que no se habla solamente de una capacitación para entender qué es el ambiente o algo muy básico. Sino que es una formación importante ya que sería central que nuestros funcionarios se capaciten sobre estos distintos temas".
"La cuestión ambiental es transversal a todas las políticas públicas que se desarrollan, independientemente de qué tipo de campo se esté tratando. Si hablamos de una obra pública es necesario tener en cuenta de qué forma va a impactar, lo mismo para cualquier política social o productiva. Cómo va a repercutir todo eso en el ambiente es central", expresó Duarte a República de Corrientes.
Por el momento la Ley Yolanda se presenta como una gran oportunidad para pensar en un funcionamiento orgánico y transversal en cuanto a las políticas ambientales. Pero no deja de ser eso, una oportunidad. En los próximos meses se conocerá de qué forma se aplicará la Ley en Corrientes y será tarea de toda la sociedad luchar porque la cuestión ambiental sea tenida en cuenta en todos los campos para así pensar en un futuro sostenible .
Redacción
