Cruce en el Concejo por desalojos y usurpaciones en Santa Catalina
El peronismo pidió que citen a las autoridades del fideicomiso. ECO apuntó contra la falta de coordinación de la Nación para el registro de asentamientos. Yamandú Barrios señaló que "no apoya" las tomas de terrenos.
Los desalojos de vecinos de la zona conocida como La Tosquera y las usurpaciones en el predio de Santa Catalina intensificaron el debate entre concejales de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos. El oficialismo rechazó que se cite a las autoridades del fideicomiso y señaló que aún corren los plazos legales para que el Ejecutivo responda un pedido de informe del cuerpo.
La oposición impulsó un proyecto de resolución a través del cual se solicita que las autoridades del fideicomiso Santa Catalina se presenten en el recinto a los fines de brindar información sobre los procedimientos en torno a los desalojos en la zona lindante entre el predio del Estado municipal y del barrio Río Paraná.
"Queremos saber que está motivando los desalojos violentos", dijo la edil Lorena Acevedo Caffa (PJ), quien señaló que esto afecta principalmente a los vecinos del barrio La Tosquera. La concejala denunció que los procedimientos serían "ilegales porque no tienen firma" y que "se están dando en condiciones violentas", a través de una "empresa privada".
"No estamos de acuerdo con las
usurpaciones ni
incitamos a ningún grupo para que se tomen terrenos en Santa Catalina"YAMANDÚ BARRIOS
CONCEJAL
Indicó además que "los vecinos reclaman que se les quitan los materiales de construcción que tanto les costó conseguir", por lo cual no pueden continuar con sus edificaciones.
Por su parte, la edil Mercedes Mestres (PRO) brindó dos argumentos técnicos por el cual el bloque rechazaría más adelante el expediente. Por un lado, explicó que el Poder Ejecutivo "tiene un plazo legal de 30 días para responder un pedido de informe", y como hace dos semanas tanto opositores como oficialistas aprobaron un pedido de informe, "aún corren los plazos legales para que se pueda dar una respuesta".
Por otro lado, informó que rige la Ley Nacional Nº 27453, que se menciona en el expediente del Frente de Todos, y el Decreto Nº 358 de 2017, ambos "realizados y homologados durante el gobierno de Macri".
"Estas dos normativas regulan la situación de los barrios populares en procesos de urbanización", indicó, el cual "crea el registro de Barrios Populares".
Para Nahuel Mosqueda (Nuevo Encuentro), "hay formas y formas de llevar adelante un proceso de urbanización", por lo cual demostró su descontento con lo acontecido en Santa Catalina. "Creemos que en este caso no se está llevando el proceso como corresponde.
Venimos escuchando una serie de informes de la situación, que es compleja y dinámica, y entendemos que el proceso es lento e inadecuado", manifestó el edil de la oposición.
El concejal de Unión Popular, Yamandú Barrios, salió a responder la postura de la oposición.
"Nosotros integramos el bloque Encuentro por Corrientes, conformado por 14 concejales y representamos a 10 partidos distintos, y uno de los tantos puntos que creemos es que el respeto de la propiedad privada es la base esencial del Estado", expresó el edil.
"No estamos de acuerdo, como lo sostiene el proyecto, de que en determinadas condiciones, la ocupaciones no son un delito. El artículo 181 de nuestro Código Penal lo contempla", señaló el legislador comunal.
"Debo recordar, porque parece que tenemos memoria corta, que Santa Catalina es una política de Estado que ha continuado el intendente [Eduardo] Tassano, pero que se le debemos al compañero Camau [Carlos Mauricio Espínola] y al compañero Fabián Ríos. Gracias a nuestro intendente radical continúa con Santa Catalina, que ha dado inicio a una ciudad planificada para el siglo XXI", expresó Barrios.
"Nosotros no vamos a dejar que, a través de las tomas, nos vengan a cambiar las reglas de la planificación", enfatizó. "No estamos de acuerdo con ninguna forma de usurpación. No somos proclives ni apoyamos ni colaboramos ni incitamos a ningún grupo para que se sigan usurpando terrenos en Santa Catalina", señaló el parlamentario municipal.
Litigios
"Parece que no recuerdan o que vivimos en otra ciudad", se refirió a sus pares de la oposición y recordó que desde 2013 a 2017 se desempeñó como abogado. "Durante el gobierno de Fabián Ríos me cansé de litigar a través de denuncias contra el Municipio por algunos exabruptos del Gobierno, que lo hacía en el ejercicio de su poder de policía sobre esas hectáreas del fideicomiso Santa Catalina", manifestó en el recinto.
"Por eso me sorprende que, quienes enaltecían la defensa del entonces intendente Fabián Ríos ahora critiquen la defensa que hace Eduardo Tassano a través de las autoridades del fideicomiso en Santa Catalina", sostuvo.
"No es cierto que no haya una planificación del fideicomiso, se ha avanzado en la entrega de títulos de las 153 viviendas de la agrupación Tupac Amaru", indicó el edil del oficialismo, mientras interrumpía su alocución Acevedo Caffa. "Qué tiene que ver con el tema. Debe hablar de lo que corresponde", manifestó.
La concejala solicitó al presidente del cuerpo, Alfredo Vallejos (UCR), que "aplique las reglas" al edil. El titular del Concejo consideró que la alocución se relacionaba con el expediente en tratamiento, en medio de las quejas de la oposición.
Barrios continuó y señaló que se avanzó con el relevamiento de 200 familias del barrio Esperanza Norte, de las cuales 60 están sobre la traza del segundo puente Chaco-Corrientes. Indicó que en La Tosquera se relevaron 400 familias y "muchas de ellas ubicadas en zonas inundables y peligrosas".
"Lo más importante es el decreto (de Macri) donde está la cuestión en la que el Gobierno nacional está violando su obligación legal de coordinar entre la Nación, la Provincia y el Municipio todo lo atinente a los barrios populares. No es una coordinación por una mera formalidad, es si las familias están habitando un lugar habitable, si es zona inundable, si podemos hacer una conexión eléctrica", señaló Barrios.
