Testigo dijo que la Comuna habilitaba obras en infracción a las ordenanzas
La abogada Laura Olivera reveló que se denunció a la Municipalidad por las anomalías que se cometían.
Con la exposición de tres testigos, siguió ayer el juicio oral y público a tres imputados y procesados por el trágico derrumbe de parte de una obra en construcción, en la calle San Martín al 600, que ocurrió el 22 de marzo de 2012. Volvieron a citar a un empleado de la hormigonera Mellis de Dothre S. A., a la expareja de un vecino damnificado y a la abogada Laura Olivera.
La profesional representó a la familia Zarabozo, que resultó perjudicada por los destrozos en su vivienda lindante a la construcción que se desmoronó.
Olivera, testigo en la causa, sostuvo que "en su momento se denunció que había una connivencia entre el organismo municipal y los responsables de obras, al permitir o habilitar construcciones de edificios en infracción de las ordenanzas".
Indicó que "para construir un edificio de diez pisos se necesitaba un permiso. Es lo mismo que, por ejemplo, para conducir un vehículo se requiere el carné de conductor y si sos menor de edad no te darán la documentación".
Enfatizó que "en el caso del edificio que se construía en San Martín al 600, al no cumplir con los requerimientos legales, no se debía avanzar con el proyecto. Veníamos denunciando anormalidades en las habilitaciones municipales, que en ese entonces se hallaba como intendente Camau Espíndola. Se otorgaban permisos violando la ley.
Se construía en infracción del Código de Planeamiento Urbano y el Código de Construcción que rigen las obras". La abogada representó a la familia Zarabozo, lindante al edificio que ocasionó daños en la casa al producirse el derrumbe ese día".
Recordó que "se abrió un expediente en la Justicia previo a la tragedia. La familia Zarabozo había solicitado que mi estudio jurídico intervenga para establecer que lo que estaba permitido construir y determinar si había irregularidades. En su momento se solicitó la paralización de la obra".
Contó que "luego del derrumbe se conoció que había una clausura de la obra. Pero se seguía construyendo".
El juicio se desarrolla en el Tribunal Oral Penal Nº 1, que lo integran Raúl Juan Carlos Guerín, Cynthia Teresita Godoy Prats y Ana del Carmen Figueredo.
Están imputados el arquitecto Marcelo Mayer, el ingeniero Walter Bruquetas, y Carlos Valenzuela, quien se desempeñaba como capataz. Enfrentan cargos por "supuesto estrago culposo agravado por poner en peligro de muerte a alguna persona y causar la muerte de varias personas". El trágico hecho ocurrió el 22 de marzo de 2012 cuando en la parte superior del edificio se hallaban descargando hormigón y se produjo el derrumbe. Fallecieron 8 obreros y otros resultaron heridos, algunos de gravedad.
