Artilugios y poca información, las trabas más recurrentes en juicios por alimentos
Profesionales aseguran que resulta dificultoso acceder a los datos del padre. Recibos de sueldo apócrifos, bienes a nombre de otras personas y trabajos en negro son algunas de las cuestiones que se repiten.
Los procesos judiciales y la posibilidad de llegar a un acuerdo suelen ser siempre asuntos complejos y que llevan cierto tiempo para que se cumplan con todos los pasos necesarios. A esta cuestión no son ajenas los conflictos de familia, especialmente los juicios por alimentos, la manutención que debe pasar el progenitor cuando no vive con su hijo, algo que se da en la enorme mayoría con los hombres.
Este tipo de casos presentan, al menos, dos grandes complicaciones: los tiempos judiciales muchas veces atados al acceso a la información y la frecuente falta de predisposición de quien debe abonar. Artimañas, maniobras dilatorias y hasta el ocultamiento de datos forman parte de un panorama que se vuelve engorroso incluso para los abogados que llevan el caso.
"Habitualmente se dan complicaciones. Los padres presentan recibos de sueldo que no corresponden con lo que realmente ganan para tener que pasar menos dinero a sus hijos", explicó ayer a República de Corrientes Virginia Guillé, abogada que lleva adelante cuestiones de familia. La profesional señaló que "incluso muchos deciden estar en negro en sus trabajos para que no puedan hacerles el descuento correspondientes". Otra metodología suele ser el anotarse como monotributista, en las categorías más bajas.
"Con el tiempo,
siempre aparecen incumplimientos en los acuerdos que se hacen por alimentos"VIRGINIA GUILLÉ
ABOGADA
Guillé agregó que "no es raro que algunos tengan casas y autos, y, cuando se rastrea la información, nos damos cuenta de que no los pusieron a su nombre", contó la abogada, reforzando la idea de que muchos padres utilizan artilugios de este tipo para eludir la responsabilidad de pasar una cuota alimentaria a sus hijos o, al menos, pagar un monto menor al que correspondería.
Cumplimiento
Llegar a un acuerdo por alimentos no representa siempre una solución definitiva, ya que los procesos suelen presentar complicaciones. La profesional señaló al respecto que "siempre aparecen incumplimientos al tiempo y hay que volver a mediar y hacer los pasos correspondientes".
"Muchos padres no quieren pasar el efectivo y solo comprarles cosas como zapatillas o útiles para la escuela, pero en realidad eso está estipulado en los acuerdos y comprende ambas cuestiones: el dinero y otros gastos de los que debe hacerse cargo según el caso", aclaró.
Las dificultades para acceder a las bases de datos de los organismos es otro de los escollos que se presentan en este tipo de procesos. "Es engorroso, hay que mandar oficios y que la otra parte conteste, se hace a través de la AFIP o de otras instituciones, pero lleva tiempo", comentó la abogada.
Justamente para tratar de agilizar estos procedimientos y garantizar la asistencia de los menores, ingresó un proyecto a la Cámara de Diputados de la Nación. La iniciativa, obra de la diputada Roxana Reyes, propone la creación de un registro nacional de personas deudoras alimentarias. La idea es que sirva para entrecruzar la información de las provincias y poder avanzar con una serie de medidas restrictivas en caso de incumplimiento.
Si el proyecto prospera, los que se encuentren en la nómina no podrán abrir cuentas corrientes, habilitar de comercios, solicitar la licencia de conducir o sacar o renovar el pasaporte, entre otros trámites.
Esta iniciativa vendría a generar un verdadero cambio de paradigma, ya que las obligaciones de los padres con sus hijos, sobre todo el pago en concepto de alimentos, no sería ya una cuestión meramente judicial, sino que quedaría incluida en el ámbito administrativo y burocrático.
Si bien es cierto que se dieron ya varios intentos en este sentido en distintos momentos en el país, hoy no existe un control fehaciente ni restricciones por fuera del proceso judicial, o al menos no se instrumentan de manera plena y adecuada.
Además, vendría también a agilizar al menos en parte la búsqueda de datos que suele representar un problema difícil de solucionar por parte de los abogados y de los mismos interesados, sobre todo cuando la otra parte está radicada en otra provincia y las bases de datos no son tan accesibles, dependiendo a veces de la buena voluntad, algo que los profesionales advierten que no es lo habitual en este tipo de situaciones.
