Apelan sobreseimiento de un acusado de abuso sexual reiterado
La presentación la formalizaron abogados del organismo oficial que representan a 14 víctimas. Además, solicitaron el cambio de carátula.
Desde el Ministerio de Justicia apelaron el sobreseimiento de un acusado de abuso sexual reiterado. Los abogados de la Asesoría Jurídico-Penal, que representan a 14 víctimas, se presentaron como parte querellante, solicitando además el cambio de carátula de la causa.
Nicole Jones Romero y Conrado Rudy Pérez, abogados especializados en Derecho Penal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en calidad de parte querellante, representando a 14 víctimas, interpusieron recursos de casación y de apelación contra la parte de la resolución que dispone el sobreseimiento por prescripción, la parte que no hace efectiva la prisión preventiva y uno de los casos que fue encuadrado como abuso sexual simple, cuando debería ser agravado por agravante y ultrajante.
El 13 de mayo de 2022, la jueza de Instrucción Nº 3, María Josefina González Cabañas, ordenó el procesamiento del imputado por los delitos de "abuso sexual gravemente ultrajante y abusos sexuales en cuatro hechos distintos reiterados en concurso real", disponiendo la prisión preventiva, que no se hizo efectiva por estar el imputado con el beneficio de la excarcelación y, además, resolviendo para otro grupo de víctimas el sobreseimiento por prescripción de la acción penal.
La mayoría de las víctimas, al momento de sufrir los graves abusos, eran menores o muy jóvenes.
Los abogados sostienen que negarles el derecho a que se investiguen esos sucesos y, en su caso, a que sean juzgados y eventualmente sancionado su presunto autor implica desconocer nuevamente los principios del Derecho Internacional Público, la jurisprudencia internacional, y la merced a la demora del Estado en reglamentar la garantía de tutela efectiva que tenían las mujeres, consagrando la impunidad por el hecho.
Las víctimas, además, tuvieron el imponderable de que el hecho ocurrió meses antes de la entrada en vigencia de una ley que por fin las ampara (Ley del respeto al tiempo de las víctimas, vigente desde 2015), son otra vez víctimas por un Estado que en principio se negó a legislar sus derechos a tiempo, y nuevamente las revictimiza al entender que un formalismo legal es más importante que sus derechos más básicos a una respuesta judicial apropiada.
