Terminaron el censo en La Tosquera y ya diagraman las obras de urbanización
Tras el temor por un posible desalojo, la Provincia y el Fideicomiso Santa Catalina empezaron a diseñar los planos para la nueva infraestructura. Son más de 400 las familias que serán beneficiadas en esa zona de la ciudad.

Luego de algunas amenazas de desalojo y momentos de tensión, la Provincia avanzó con un censo de familias en la zona conocida como La Tosquera, en el barrio Río Paraná. Allí, cientos de familias habitan un sector lindero a Santa Catalina, lo que había generado cierta polémica sobre la posibilidad de que sigan allí o tengan que retirarse, algo que finalmente quedó resuelto.
Desde hace varias semanas, se realiza un relevamiento en esa zona de la ciudad para determinar cuántas son las personas asentadas y en qué condiciones viven. Consultado sobre esta situación, el subsecretario de Derechos Humanos, Manuel Cuevas, comentó ayer a República de Corrientes que "terminamos con el censo y ahora ya está a cargo el Fideicomiso Santa Catalina".
Si bien todavía no tienen los resultados finales del relevamiento, se estiman que son más de 400 las familias que habitan en ese amplio predio, la mayoría de las cuales lo hace desde hace décadas.
Justamente por eso, y atendiendo a la dificultad habitacional de las personas en situación de vulnerabilidad, realizaron este proceso de normalización que continuará una vez que se obtengan los números finos.
Ocupación
Ya realizado el estudio, aseguraron que no permitirán que nuevos grupos se asienten en el lugar, puesto que comenzaron ya con el proyecto de urbanización que se desarrollará allí en el mediano plazo seguramente.
"Se van a elaborar los planos para después poder comenzar con la urbanización, la construcción de nuevas redes de servicio básico y también con el mejoramiento y la construcción de viviendas", explicó Cuevas.
Así, buscan que La Tosquera quede integrado a Santa Catalina, disponiendo de nueva infraestructura para las familias que habitan allí desde hace décadas y que temían ser desalojadas por no contar con el título de la tierra, además de hallarse viviendo en condiciones de vulnerabilidad habitacional.

