Designan el tribunal para el juicio al exjuez Soto Dávila
Hay otros ocho acusados.

Carlos Soto Dávila fue juez federal de Corrientes con competencia electoral y penal durante casi 23 años hasta su renuncia, en febrero de 2019, en medio de una megacausa en su contra.
Ahora, deberá sentarse en el banquillo de los acusados para ser juzgado como presunto jefe de una organización “dedicada a realizar diversas maniobras de corte delictivo, tendientes a perturbar la correcta administración de Justicia y a garantizar la impunidad de diferentes sujetos vinculados con maniobras de tráfico ilícito de estupefacientes”.
El viernes pasado, tras un sorteo, se determinó que el debate donde serán juzgados Soto Dávila y otros ocho acusados -entre ellos, dos funcionarios judiciales, un exintendente y abogados- estará a cargo del Tribunal Oral Federal (TOF) porteño Nº 5, integrado por los magistrados Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grunberg. El Ministerio Público Fiscal estará representado en las audiencias por Diego Velasco.
El TOF porteño Nº 3, integrado por Andrés Basto, Javier Ríos y Fernando Machado Pelloni, está juzgando actualmente a los supuestos capos narcos presuntamente beneficiados por la organización atribuida a Soto Dávila, el TOF Nº5 podría declararse incompetente, según explicaron a La Nación fuentes judiciales.
La elevación a juicio para Soto Dávila, sus exsecretarios Pablo Molina y Federico Grau, el exintendente de Empedrado Juan Manuel Faraone y los abogados Duylio Barboza Galeano, Tomás Viglione, Jorge Vallejos, Omar Serial y Gregorio Giménez, fue firmada por el juez federal Sebastián Casanello tras la requisitoria presentada en septiembre del año pasado por el fiscal Carlos Stornelli y su colega Diego Iglesias, a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).
La causa que investigaron Stornelli e Iglesias puso al descubierto los vínculos de clanes dedicados al narcotráfico con el poder político y el judicial, además de relaciones con fuerzas de seguridad en Corrientes, en especial, en la ciudad de Itatí, puerta de entrada de la marihuana en la Argentina.
Entre las pruebas contra los sospechosos se tuvieron en cuenta escuchas surgidas de intervenciones telefónicas. Serial es un abogado que representó a los presuntos narcos.
Además, un narco que declaró como arrepentido sostuvo: “Para que Soto Dávila le dé la libertad a alguien había que pagar”.

