Presupuesto 2023: Aguirre reclamó un acuerdo económico que perdure
El diputado nacional por Corrientes habló sobre el proyecto que ingresó a la Cámara Baja la semana pasada. Mañana se reunirán los presidentes de los bloques.
El jueves por la noche, el Gobierno nacional presentó el proyecto del Presupuesto 2023 al Congreso.
El proyecto propone un gasto total de 28.954.031.315.031 pesos para los gastos corrientes y de capital del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023.
El proyecto, girado por el Gobierno nacional a Diputados, está firmado por el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y el ministro de Economía, Sergio Massa.
En los fundamentos, el oficialismo señala que el "presupuesto que se presenta propende a la estabilidad macroeconómica, a la recomposición del poder adquisitivo de los ingresos y al fortalecimiento del mercado interno".
El diputado nacional por Corrientes, Manuel Aguirre, habló sobre el proyecto y criticó la intención de bajar la inflación a 4 o 5 puntos por mes para llegar a diciembre de 2023 con un 60 por ciento. En diálogo con radio Sudamericana dijo que recordó que para eso "hay que reducir muchos gastos y no lo quieren hacer porque les perjudica", y reclamó "un acuerdo económico (entre el oficialismo y la oposición) que perdure en el tiempo".
Por otra parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, convocó para mañana a los bloques del Frente de Todos y de la oposición para dialogar sobre el debate del proyecto de Presupuesto 2023 y acordar el mecanismo del tratamiento de esta iniciativa de gastos y recursos, que se empezará a discutir en los primeros días de octubre con la presentación que hará el ministro de Economía, Sergio Massa. La iniciativa contempla para el próximo año un gasto total de 29 billones de pesos, proyecta un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 2 por ciento, una inflación del 60 por ciento y un déficit primario del 1,9 %. También una reducción de los subsidios para el sector energético y una propuesta para discutir la eliminación de exenciones impositivas.
Moreau llamó al diálogo a los jefes de los bloques del Frente de Todos y de la oposición y a las autoridades de la comisión de Presupuesto -que encabeza Carlos Heller- para definir la hoja de ruta que tendrá el tratamiento de la principal ley que quiere aprobar el Gobierno nacional este año.
En 2022 se frustró la aprobación de la norma en el Congreso, lo que motivó que el Poder Ejecutivo extendiera la ley de 2021.
La intención del oficialismo es poder consensuar un esquema de trabajo con los bloques opositores de Juntos por el Cambio, los interbloques Federal y Provincias Unidas, bloque Ser, Movimiento Popular Neuquino, los dos bloques de la derecha y la izquierda.
La agenda de la bancada del Frente de Todos -que conduce Germán Martínez- contempla para los primeros días de octubre la presentación formal del ministro Massa, quien expondrá sobre los principales ejes del proyecto de gastos y recursos.
Uno de los temas que se busca acordar con la oposición será el mecanismo de la ronda de consultas que incluirá la visita de los ministros del Poder Ejecutivo, para luego comenzar con las conversaciones que permitan llegar a un acuerdo para asegurar la sanción del Presupuesto 2023 entre fines de octubre y principios de noviembre en la Cámara Baja.
El consenso, la clave
La búsqueda de acuerdos es central para el oficialismo para poder construir una mayoría que le permita sancionar el Presupuesto, ya que cuenta con 117 votos, con lo que requiere al menos sumar el visto bueno de una docena de legisladores de otras fuerzas para asegurarse su aprobación.
La primera prueba de fuego la superó el jueves pasado cuando consiguió obtener 129 votos para aprobar la prórroga de impuestos, con la ayuda de los ocho legisladores del Interbloque Federal -presidido por Alejandro Topo Rodríguez-, cuatro de Provincias Unidas, y el Movimiento Popular Neuquino. Por eso son claves los acuerdos que pueda construir con estos bloques provinciales a los que espera sumar también a los radicales que tienen administraciones como Jujuy, Mendoza y Corrientes, con lo cual es probable que luego de la ronda de consultas comience una etapa de negociaciones para avanzar en acuerdos.
