Le quitaron la licencia de conducir por no cumplir con la cuota alimentaria

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) falló a favor de una mujer y su hijo menor de edad ante una causa por violencia económica. Le retuvo la licencia y le prohibió la conducción a un hombre hasta que cumpla con el pago de la cuota alimentaria y otras cuestiones referidas a un inmueble familiar. 

Una mujer reclamó la falta de cumplimiento integral de la obligación alimentaria acordada con su expareja. En la sentencia N° 121/22, por unanimidad, el STJ desestimó el recurso de inaplicabilidad de la ley que éste interpuso.

En la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial se ordenó el cese de toda acción u omisión que implique la limitación de recursos económicos. 

La Justicia correntina reconoció la violencia económica y expresó que el incumplimiento de la cuota alimentaria producía una afectación directa en la economía, subsistencia y derechos de ella y el hijo de ambos. 

Además, precisaron que había sobradas pruebas respecto de la falta de pago de salario familiar, el cambio de obra social que debió efectuar la madre, haciéndose cargo de su pago, por no haberla abonado en tiempo y forma el progenitor, el intento de retirar todas las pertenencias del inmueble ante la orden de exclusión, las deudas de agua, luz, internet y crédito Procrear.

El ministro Guillermo Semhan, autor del primer voto en materia civil y comercial, indicó que la decisión de la Cámara, más que causar algún perjuicio, "fue asumida en pos del interés familiar y en especial del interés superior del niño". 

Recordó que el padre acordó de modo voluntario a favor de su hijo e incumplía "hacía más de un año", y añadió que el progenitor no pudo explicar en qué consistía el perjuicio "irreparable" que alegaba.

Al mismo tiempo, indicaron que "el nuevo Código de Familia, Niñez y Adolescencia, en sus artículos 380 y 381, refiere a la inaplicabilidad de las sentencias definitivas de la Cámara, caso que aquí no acontece, porque el recurso planteado por el padre no se dirige a una sentencia definitiva ni equiparable a tal".  

Agregaron: "La ausencia del recaudo de definitividad en el pronunciamiento recurrido no puede ser suplida por la invocación de garantías constitucionales supuestamente vulneradas, ni por una pretendida arbitrariedad en la decisión judicial, o por una citada errónea interpretación del derecho que rige el caso".

El voto fue acompañado por Fernando Niz, Luis Rey Vázquez, Eduardo Panseri y Alejandro Chaín.

Violencia económica

La deuda de alimentos configura violencia económica en los términos del art. 5 inc. 4 c) de la Ley Nacional de Violencia, Nº 5019, y los jueces deben ordenar todas las medidas que estimen contribuyan a la mejor solución del conflicto, para lo cual disponen de un amplio margen de discrecionalidad para evaluar los hechos y el derecho en cada situación denunciada.

También la Asesoría de Menores e Incapaces consideró razonable la decisión de la Sala III, ya que entendió acreditada la violencia económica y el incumplimiento deliberado de la cuota alimentaria. 

La intervención de la Asesoría es necesaria puesto que debe resguardar y velar por los derechos del niño en el proceso judicial. n

En caso de violencia de género comunicarse al 144.