El agro local alista su rechazo al plan para controlar el derecho de exportación

Entidades rurales y productivas de la provincia se sumarían en las próximas horas al rechazo que emitió la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias a lo que intenta el Gobierno nacional en el proyecto de ley del Presupuesto 2023 para recuperar atribuciones para cambiar, modificar y/o establecer las alícuotas de los derechos de exportación.

Consultado al respecto, el vicepresidente de la Federación de Cooperativas de Corrientes (Fedecoop), Nicolás Carlino, en un breve diálogo con República de Corrientes, indicó que "estoy regresando de Buenos Aires porque estuvimos reunidos en el Consejo de la Coninagro (Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada), analizando los números del presupuesto y lo que respecta a nuestro sector". Agregó que "el Gobierno se está tomando derechos por sobre los nuestros y nos terminará afectando".

En este contexto, aclaró que "estamos elaborando un documento -que en las próximas horas lo daremos a conocer- con nuestro posicionamiento".

Además de Coninagro,  Confederaciones Rurales Argentina (CRA), la Sociedad Rural y la Federación Agraria emitieron una misiva en la que se refieren a lo que se introdujo en el proyecto de ley del Presupuesto 2023 a través del artículo 96, que busca otorgar al Gobierno nacional las facultades que tenía en la Ley N° 27541/19 (Ley De Solidaridad Social y Reactivación Productiva). 

 

"Es el Congreso el que tiene que dar el debate para cualquier medida tributaria" 

NICOLÁS PINO
PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD RURAL

 

La comisión de enlace afirma que "los representantes del Poder Ejecutivo no pueden autoproponerse funciones que no les corresponden" y añaden que "los representantes del Poder Legislativo deben dejar de ceder sus facultades propias del cargo para el que han sido votados".

En tanto que exhortan a los legisladores a respetar lo "dispuesto por la Constitución nacional, que es la ley suprema que debe regir el funcionamiento de nuestro país".

Los dirigentes agropecuarios nacionales lamentan que "una vez más, la política pretenda coartar el crecimiento y el desarrollo productivo con políticas confiscatorias, imponiendo gravámenes que restringen la producción, el crecimiento y la generación de empleo".  

Las voces

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, señaló que desde el 1 de enero de 2022 no existe un marco legal que permita el cobro de derechos de exportación; por eso, recordó que desde la entidad presentaron un amparo en la Justicia Federal de Córdoba representando a todos los productores del país, por el que esperan una respuesta favorable.

"Es el Congreso el que tiene que dar el debate para cualquier medida tributaria, y por eso rechazamos el presupuesto del año que viene que fija atribuciones al Poder Ejecutivo para reglamentar este impuesto, de la misma manera que le pedimos a los legisladores que debatan el tema en cuestión. Es irresponsable andar delegando facultades de otro poder como si se sacaran la responsabilidad de encima", apuntó.

Por su parte, el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Gabriel De Raedemaeker, expresó que la iniciativa oficial "es el reconocimiento implícito por parte del Gobierno de que lo que están cobrando en este momento en concepto de derechos de exportación no tiene sustento legal". "Se están tomando una atribución que va en contra de la ley", puntualizó.

Por otro lado, indicó que esto "vuelve a reafirmar la voluntad latente del Gobierno de tener la posibilidad de incrementar los derechos de exportación" a los niveles máximos que en algún momento les delegó el Congreso, y eso es lo que quieren recuperar (en soja ya están en el tope de 33 % y en trigo y en maíz estaba la posibilidad en su momento de subir de 12 a 15 %).

"No veo la intención en este sentido por parte del Gobierno de dar marcha atrás a esa voluntad de permitir, después de lo que ocurrió con el dólar soja, un despegue de la economía agropecuaria que en definitiva beneficia al país", destacó.