Los querellantes pidieron severas penas y las defensas, la absolución
Solicitaron condenas de 5 a 20 años y altos montos en indemnización. Los abogados de los imputados dijeron que no se les puede atribuir la responsabilidad del derrumbe.
Pablo Medina fue uno de los jóvenes obreros que falleció. Sus padres, Juana Pérez y Zacarías Medina, estuvieron representados por los doctores Juan Manuel Cubilla Podestá y Rodrigo Ruiz.
Los querellantes reclamaron la indemnización por la acción civil y también la condena penal. Por la acción civil, consideraron que la responsabilidad les cabe a Walter Bruquetas, a la firma Bruquetas y Cohen y a la empresa Dothre SA.
Al respecto, Cubilla Podestá dijo que "el que crea el riesgo lo paga" y "sin la empresa Dothre y su conducta irregular no hubiera ocurrido el derrumbe".
El total de indemnización solicitado fue de 1.349.000 pesos aproximadamente por daño patrimonial y extra patrimonial, más intereses de tasa activa, segmento 5 del Banco de Corrientes, desde el momento de su fallecimiento hasta el pago efectivo de la indemnización.
El abogado sostuvo que los padres de Pablo Medina además tuvieron que soportar que los medios reproduzcan con fotografías e imágenes el momento una y otra vez, por lo que también le corresponde una indemnización por daño moral.
Los doctores Rubén David Leiva y Jonás Gómez Jaime actuaron en representación de Haydeé Riveros, su hijo menor, Ramona Báez y Alicia Ojeda. En lo penal, Leiva solicitó para Mayer y Bruquetas 20 años de prisión e inhabilitación por el mismo tiempo en el ejercicio de la profesión y su inmediata detención por el delito previsto y penado en el artículo 187° del CP.
Para Carlos Valenzuela solicitó 5 años de prisión efectiva e inhabilitación, ya que estuvo presente en la obra. Civilmente, apuntaron contra Mayer, Bruquetas y la empresa Bruqueta y Cohen SRL. Para Nancy Riveros, pidió $ 10 millones; para su hijo, $20 millones; para la madre de Rodríguez, $30 millones, y para la viuda de Valentín Zacarías, $ 60 millones.
Por su parte, todos los defensores solicitaron la absolución porque consideraron que "no se les puede atribuir la responsabilidad del hecho". El doctor Leguizamón consideró que Mayer no estaba en condición de garante, ya que no era su rol el armado, ejecución y el control de la parte final de la estructura de hormigón armado. Indicó que tampoco tenía responsabilidad sobre la seguridad e higiene.
La defensora oficial Penal N° 2, María Marta Correa, quien representa al ingeniero Bruquetas aseguró que hay muchas hipótesis, pero ninguna certeza en la causa.
Sobre las indemnizaciones reclamadas, sostuvo que los montos no se condicen con la realidad en la que vivían víctimas y familiares, por lo que consideró que debían ser rechazados por desmedidos.
