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SIN COLECTIVOS EL 25, 26 Y 27 DE OCTUBRE

El transporte público agudiza su crisis en medio de paros y pujas por subsidios

La UTA volvió a anunciar una medida de fuerza y las empresas insisten en la necesidad de una redistribución de los fondos nacionales. Hay alerta sobre la precariedad de algunos servicios de corta y media distancia. 

Los servicios de transporte en general, pero especialmente los del interior del país atraviesan una crisis de larga data, que cuenta ya al menos dos años y que va de la mano con la inestable situación económica de la Argentina. Falta de fondos, reclamos salariales sin respuestas y prestaciones cada vez más precarias forman parte de un escenario complejo y para nada alentador. 

Las dificultades desembocaron en un nuevo anuncio de paro en todo el país excepto el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el 25, 26 y 27 de este mes, es decir martes, miércoles y jueves de la semana que viene. Con una medida de fuerza de 48 horas cumplida hace poco, la suspensión de los servicios de corta y media distancia vuelve a ser la consecuencia de un esquema de costos y asistencia estatal con el que nadie parece estar de acuerdo. 

Por un lado, la Unión Tranviarios Automotor reclama una recomposición salarial, mientras que las firmas de transporte aseguran que no es posible materializarlo mientras se mantenga la estructura actual de subsidios. Las empresas piden al Estado nacional una mejor distribución de los fondos para poder no solo afrontar las obligaciones con sus empleados, sino incluso para mantener los servicios. 

"La situación es crítica", dijeron desde la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), advirtiendo que las prestaciones en el interior del país se encuentran en un estado de extrema precariedad en cuanto a costos y rentabilidad. 

Pero el pedido de fondos no llega solo por parte de las firmas, sino también de las provincias.

En la reunión de gobernadores del Norte Grande que se realizó en Santiago del Estero, el transporte fue uno de los ejes centrales, con el foco puesto sobre todo en los subsidios.

Corrientes específicamente solicitó que se eleve a $ 113.000 millones los aportes hechos por la Nación y que sea incluido en el presupuesto del año que viene que está en análisis y debate en el ámbito legislativo. 

Respuestas y opciones

Desde el Gobierno nacional por el momento no hubo respuestas formales y casi la única expresión al respecto fue la de Gabriela Cerruti, vocera de la Presidencia. "El transporte debería tener cada vez menos subsidios, las empresas tienen que hacerse cargo", sostuvo la funcionaria, con una opinión que va a contramano de lo que reclaman desde diferentes sectores del rubro. 

Por su parte, la Fatap trata de impulsar, todavía sin éxito, la elaboración de un proyecto para una nueva ley federal de transporte que clarifique los montos y equipare lo que recibe Buenos Aires con lo que llega al resto del país, balanza que aseguran se encuentra completamente desvirtuada en detrimento de las provincias. Esta iniciativa cuenta incluso con el apoyo de la UTA, que advierte que allí podría encontrarse una solución definitiva a los constantes conflictos en materia salarial que aquejan a las ciudades. 

Inflación

Además de la diferencia en el envío de fondos, aparece el alto índice de inflación como uno de los factores claves para entender la crisis del sector. Particularmente en el NEA, la escalada de precios es habitualmente superior porcentualmente que el promedio nacional, por lo que los insumos se encarecieron de manera más acelerada. 

Uno de los ítems más importantes en este sentido es el valor de los combustibles, además de los repuestos en general y las cubiertas, que aumentaron de manera notoria en el último tiempo sumándose además el problema del escaso stock para ciertos modelos. 

Lo cierto es que, más allá de estas alternativas que se barajan desde los diferentes sectores, al menos en el horizonte cercano parece no haber una vía de solución definitiva. El temor de los empresarios, el Estado y también de los trabajadores es que la crisis económica termine por repercutir de manera directa y severa en los servicios. 

En muchos distritos las prestaciones del transporte público se encuentran en la mira debido a ciertas deficiencias en cuanto a la frecuencia, infraestructura y los precios de los boletos que se actualizan en porcentajes muy superiores a la inflación, y aún más al de los salarios. 

En el caso de los colectivos de media distancia, además, se suma el parate de varios meses que tuvieron en la primera etapa de la pandemia y luego la reducción de servicios por la escasez de gasoil, algo que generó complicaciones serias y de las que están tratando de sobreponerse. 

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