Establecen un Registro Provincial de Periodistas y Comunicadores Sociales para Tribunales de Juicio
A través del Área de Prensa, el Superior Tribunal de Justicia, instituyó un Registro Provincial de Periodistas y Comunicadores Sociales para la cobertura de juicios penales. Esto para establecer los actos procesales que se podrán transmitir.
Este nuevo registro tiene como objetivo asegurar el normal desenvolvimiento de los medios y trabajadores que concitan interés o posean trascendencia social al igual que la publicidad de las mismas, para preservar los derechos de las víctimas y las personas acusadas.
El acceso de los comunicadores sociales y periodistas será limitado cuando las causas involucren menores de edad, personas con discapacidades, se trate delitos contra la integridad sexual, explotación de personas u otras violaciones a los Derechos Humanos.
Para la cobertura específica de una causa en juicio, los periodistas o comunicadores deberán detallar qué actos se cubrirán: Inicio, Alegatos de Apertura, Presentación del caso, Alegatos de Clausura, Lectura de veredicto y explicación sucinta del juez.
La modalidad será resuelta por el Tribunal a cargo en cada causa y se comunicará lo decidido a los correos electrónicos declarados en el Registro. No obstante, los periodistas y comunicadores deben acreditarse ante el Tribunal de Juicio para cada caso, lo que dependerá del espacio físico y las características de la causa.
El Ministro Alejandro Alberto Chaín sostuvo que el derecho de la sociedad a ser informada de los asuntos de interés general y el del periodismo de obtener, producir y difundir su contenido, "está garantizado normativamente y sin restricciones, desde el inicio" por el Poder Judicial, porque, en cumplimiento de las normas procesales, las audiencias se graban íntegramente.
Agregó que la convivencia armónica entre la publicidad republicana, la oralidad, la presencia de público en las audiencias y el derecho a informar, ser informado, libertad de prensa, expresión y el ejercicio de la función jurisdiccional, "exige el ejercicio razonable de todos y cada uno de los derechos públicos, civiles y políticos fundamentales en juego y tensión".
