Decreto nacional pone en jaque al 90 % de empresas constructoras de Corrientes
El Gobierno dispuso que el 30 % de la obra pública sea ejecutada a través de cooperativas. Las firmas denuncian competencia desleal debido a las altas cargas impositiva y sociales. Con poca inversión de la Nación, la provincia es una de las más afectadas del país.
Las empresas constructoras atraviesan una situación complicada desde hace tiempo, con la demora en las reformulaciones y los costos que no dejan de modificarse, debido al elevado índice inflacionario. Pero un decreto presidencial publicado hace pocos días puso en alerta extrema a la actividad, ya que otorga el 30 % de la obra pública a las cooperativas, con un tope de hasta $ 300 millones.
Sobre esta cuestión habló ayer con República de Corrientes el presidente de la Cámara de la Construcción, Gustavo Rosselló, quien se refirió a la situación del país, pero especialmente a la de la provincia, que es de por sí una de las que menor actividad tiene en materia de obra pública nacional.
"La situación es muy preocupante", expresó el referente del sector y señaló que "hoy la cotización de una cooperativa puede ser 65 % menor a la de una empresa constructora". Y explicó: "Esto puede parecer muy positivo para el Gobierno, pero lo cierto es que en las cooperativas el personal no tiene cargas sociales, no tributan, compran bienes de uso sin impuestos y eso no es otra cosa que competencia desleal".
"La situación es muy preocupante. La cotización de una cooperativa puede ser 65 % menor a la de una empresa porque no tributan"
GUSTAVO ROSSELLÓ
CÁMARA DE LA CONSTRUCCIÓN
Asimismo, señalaron que el tope de los $ 300 millones señalados en el decreto pone en jaque a las empresas pequeñas y medianas. "El 90 % de las constructoras son pymes, el resto son empresas grandes", y estas últimas serían las menos afectadas debido a que encaran en general obras de mayor presupuesto. Pero la gran mayoría entraría en una competencia desigual, según señalaron desde la Cámara.
Corrientes
En Corrientes hay cerca de 200 empresas inscriptas que pueden participar en licitaciones. Aunque creen que quizás algunas de ellas ya no estén activas, la mayoría estaría afectada por la inclusión forzada de las cooperativas de construcción. "Esto va a generar que cada vez menos personas estén interesadas en ser obreros formales", advirtió Rosselló.
El decreto del presidente Alberto Fernández apunta solo a la obra pública nacional y no a las provinciales. Pero el temor de las constructoras es que el Gobierno pretenda avanzar y profundizar este modelo con el argumento de convertir planes sociales en trabajo genuino, uno de los anuncios realizados en el último tiempo. "Es cierto que esta medida se puede derogar, pero también ampliarse", dijo el referente del sector y agregó: "Mañana pueden establecer que no haya cupo del 30 % o tope de montos, y eso complicaría aún más la situación".
Escasa inversión
El panorama hoy, además, es de una escasa presencia nacional en Corrientes en materia de obra pública. Tanto es así que es la única provincia con saldo negativo interanual con respecto a la cantidad de obreros registrados por este motivo y creen que el índice seguirá en picada debido al contexto económico. En el mejor de los casos, si el Gobierno central aumenta su inversión en Corrientes, el 30 % deberá ser para las cooperativas, quitando posibilidades a muchas pymes de la construcción.
"Nosotros pagamos impuestos municipales, provinciales y nacionales; pero las cooperativas no, por lo que tampoco es tan cierto que al Gobierno le va a salir más barato", dijo el referente de la Cámara de la Construcción. Además, advirtió que hay en este momento muchas cooperativas en construcción, por lo que el panorama parece que tenderá a complicarse más que a aclararse para el sector.
La alternativa que plantean las empresas constructoras es poder acceder a ciertas facilidades que les permita a ellos acoger a los obreros que hoy son beneficiarios de planes sociales, opción que por el momento parece no encontrarse en el radar de la Nación.
Por el escaso caudal de obras nacionales, desde Corrientes aseguran que tratan de encarar los trabajos con la menor cantidad de empleados posibles debido a la crítica situación económica. "Hoy tenemos 700 viviendas del plan Casa Propia, mientras Chaco y Misiones tienen cerca de 3.000", indicó Gustavo Rosselló. Al respecto, expresó que "si nos dieran esas 2.300 de diferencia hoy podríamos recuperar de manera directa unos 3.000 puestos de trabajo".
