Privados plantearon a la Nación opciones para poder afrontar el bono de fin de año

Con el objetivo de amortiguar el efecto negativo sobre el sector pyme del Decreto 841/2022, que establece el pago no remunerativo y por única vez de un bono de hasta $ 24.000 por cada empleado en relación de dependencia con salario inferior a $ 185.859, autoridades de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), encabezadas por su presidente, Alfredo González, mantuvieron reuniones técnicas con la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Kelly Olmos, y funcionarios de la AFIP, entre quienes se encontraban el subdirector de Fiscalización, Daniel Reposo, y el director de Estudios y Fiscalización Especializadas, Carlos Héctor Campanelli.

Como parte de este encuentro, se hizo referencia al artículo 5º del decreto, que prevé que este pago "podrá ser absorbido hasta la concurrencia en caso de haberse acordado o estuviese previsto en los respectivos convenios colectivos de trabajo". 

Al respecto, se informó que en la primera quincena de enero se realizará la reunión paritaria del sector mercantil, en la que la CAME solicitará la absorción del bono como parte del aumento previsto por cláusula gatillo, de acuerdo a lo suscripto en marzo de 2022. Por su parte, la ministra Olmos expresó que la solicitud está prevista dentro del último párrafo del artículo citado.

Ganancias

Otro de los puntos en cuestión por la parte empresaria es el artículo 6º del DNU, que expresa que la pyme podrá reducir los anticipos del impuesto a las ganancia en un 50 % del monto abonado. Aquí se propuso a los funcionarios de la AFIP las siguientes consideraciones:
Que el monto abonado sea tomado como pago a cuenta de ganancias a través del servicio de cuentas tributarias. A modo de ejemplo: si de anticipo a dicho impuesto se deben abonar
$ 100.000 y se pagaron $ 24.000 de bono, de acuerdo al decreto el ingreso del anticipo debería ser de $ 88.000 ($ 100.000-$ 12.000), pero en cuentas tributarias el anticipo computado debería ser de $ 100.000. Se explicó que, bajo otra interpretación, no sería una ayuda a la pyme (tal como fue la voluntad del decreto) sino solo un diferimiento financiero, ya que lo que no se paga de anticipo se paga de saldo de las declaraciones juradas del empleado.

 

"Estas decisiones,
así adoptadas y
anunciadas de manera unilateral, generan rispidez"

JORGE GÓMEZ
PRESIDENTE FEDERACIÓN ECONÓMICA 

 

Que lo pagado por bono sea imputado en cuentas tributarias como un crédito a computar para futuras obligaciones fiscales, ya que algunos contribuyentes pueden no tener la obligatoriedad de ingresar anticipos.

También, que se prevea un reembolso al monotributista empleador.

Además, que se reglamente para el empleador que inicia actividades.

Otro aspecto ya solicitado por la CAME, nuevamente planteado en la reunión, fue la reducción en un 50 % de la tasa de interés resarcitorio y punitorio para aquella empresa que posea certificado Mipyme. Al respecto, se informó que se sigue estudiando el impacto de esta propuesta.

Repercusión

En cuanto al impacto local, República de Corrientes dialogó con el presidente de la Federación Económica (FEC), Jorge Gómez, quien advirtió como primera dificultad que "es muy amplio el espectro de empresas y sectores. A una empleada doméstica registrada le tiene que pagar el trabajador de su bolsillo; hay empresas que tienen para absorber y abonar otras que, pudiendo hacerlo, no lo van a hacer y también hay casos en los que no tienen capacidad por problemas de liquidez, porque tendrían que incrementar las ventas y para ello pagarían en cuotas este adicional".

A la vez que resaltó que "el empresariado tiene siempre diálogo con el Gobierno, y en este sentido se podría haber llamado a una mesa paritaria. Estas decisiones, así adoptadas y anunciadas de manera unilateral generan rispidez".

"Se podrían ver opciones para una manera de pagar, pero la forma en que la hicieron no es la que corresponde", aclaró.