Alquileres: inquilinos reclaman que en la nueva ley no se quiten derechos
El proyecto no fue incluido en extraordinarias, por lo que sería tratado recién en marzo. La Asociación de Inquilinos de Corrientes denuncia además que hay contratos que aumentan trimestral e incluso mensualmente.
Tras dos años y medio de la sanción de la actual ley de alquileres, que no conformó ni a los inquilinos ni a los propietarios, y con la última sesión de 2022 caída justo cuando se iba a tratar el tema, el Congreso recién podrá revisar los dictámenes del proyecto de la nueva norma en marzo de este año, ya que no será un tema que se incluya en extraordinarias.
En tanto, la Asociación de Inquilinos de Corrientes mira con atención la situación, y reclama que no se reduzcan los derechos de los que alquilan en la norma que está en el Parlamento nacional.
Además, denuncia que hay incumplimientos en lo que respecta al aumento estipulado. La ley de alquileres en vigencia establece, entre otras regulaciones, un contrato de 3 años como mínimo, con ajustes anuales por medio de un índice que combina inflación y salarios. Sin embargo, esto no se cumple en todos los casos, señala.
"Con la ley de alquileres vigente notamos un gran incumplimiento en varios puntos, particularmente en los ajustes anuales. La mayoría se hacen semestrales y en algunos casos trimestrales e incluso mensuales, con la excusa de los propietarios y las inmobiliarias de tratar de seguir el ritmo de la inflación que está imparable", dijo el titular de la Asociación, Adrián Canteros.
Consideró que "los que están más interesados en eliminar cualquier tipo de regulación normativa que tenga que ver con los alquileres es el mercado inmobiliario, los agentes inmobiliarios, los constructores, y demás, acompañados por el Gobierno, porque no solamente hay una pasividad absoluta en cuanto al no cumplimiento de la norma -que sería como pedir lo mínimo- sino a abarcar el problema completo, un problema enorme que tiene muchas aristas".
En medio de esta conveniencia del mercado inmobiliario, "son los propietarios y los inquilinos los que se debaten a quién le conviene más, a quién le conviene menos la ley, pero creo que beneficia y perjudica a ambas partes por igual porque estamos en un equilibrio muy caótico en relación a quién pierde más y quién pierde menos con la ley de alquileres", estimó.
En este contexto, "hay que reformular la ley pero para ampliar derechos, pero no los que plantean la reformulación para recortarle todo aquello que perjudica al mercado inmobiliario al punto tal que termine siendo una ley de dos párrafos que no tenga ninguna utilidad".
"Esa es la reforma que se plantea y se quiere hacer. Esa no es una reforma viable. Los derechos conquistados están, nuestra idea es que cualquier reforma que se tenga que hacer sea para ampliar derechos, para blanquear el negocio inmobiliario", resaltó.
Subas
Para aquellas personas que celebraron el contrato de alquiler en enero de 2022, el ajuste que tienen para este año es del 81.4 por ciento.
Pero el problema ahora no son solo los valores, sino además la escasa oferta de inmuebles que hay en la provincia.
La llamada "ley de alquileres" rige para todo el país desde hace 2 años y medio. Obtuvo la media sanción en 2019, durante la presidencia de Mauricio Macri (Cambiemos) y se convirtió en ley en 2020, ya durante la gestión de Alberto Fernández (Frente de Todos), con el apoyo de diputados del Frente de Todos, Juntos por el Cambio y otras agrupaciones. Es decir reunió un muy amplio consenso.
Sin embargo, con el paso de los meses la norma fue criticada por diputados de los mismos espacios políticos que la habían apoyado y, en marzo de 2022, el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa -que 5 meses después asumiría como ministro de Economía-, anunció que impulsaría una modificación.
Así se complicó pagar los aumentos y se agigantó la escasez de oferta en un derrumbe sin precedentes, señalan desde el sector inmobiliario.
Ahora, tanto el oficialismo como la oposición impulsaron modificaciones a la norma ante la fuerte alza que sufrieron los inquilinos en los sucesivos ajustes.
Norma en vigencia
Antes de la sanción de esta norma, el plazo mínimo para el contrato de alquiler de una vivienda entre un propietario y un inquilino era de 2 años y ahora es de 3. Además, a partir de la vigencia de esta ley, los contratos deben ser declarados por el locador ante la AFIP.
La ley vigente, a su vez, dice que "solo pueden realizarse ajustes anuales", es decir que no se pueden realizar aumentos trimestrales ni semestrales, como antes. Antes, no estaba establecida la manera de actualizar el monto del alquiler. Ahora rige "un índice conformado por partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte)", que es un índice salarial.
