Los peruanos se movilizarán y se espera una gran marcha en Lima

El Gobierno de la presidenta peruana Dina Boluarte tendrá una dura prueba mañana, cuando miles de personas tienen previsto movilizarse en todo el país, sobre todo Lima, para exigir la renuncia de una mandataria en cuya gestión de cinco semanas hay ya medio centenar de muertos.

Policías y militares se desplegaban hoy para evitar en lo posible la llegada de manifestantes a la capital , que podría convertirse en epicentro de protestas que hasta ahora se desarrollan en el interior y, sobre todo, en el históricamente relegado sur del país.

"Sabemos que quieren tomar Lima por todo lo que está saliendo en las redes. Y los llamo a tomar Lima, sí, pero en paz y en calma. Los espero en casa de Gobierno para dialogar sobre las agendas sociales que tienen", afirmó Boluarte, una abogada quechuahablante nacida en el sur andino, pero que ha tenido problemas de conexión con las bases.

Analistas coinciden en que la de este jueves, independientemente de sus resultados, no será una jornada definitiva contra Boluarte, pero sí podría ser el inicio de una movilización de corto o mediano plazo contra una mandataria cuya renuncia se ha convertido en clamor de buena parte del país.

Hasta ahora hay marcadas diferencias entre las provincias -primero las del sur y después con distinta intensidad las de centro, norte y este-, que se suman a la lucha contra Boluarte, frente a una metrópoli que permanece en su rutina habitual y parecería aceptar el plan de la mandataria , que apunta a elecciones anticipadas en abril de 2024.

Esa situación cambió ligeramente en la última semana, cuando la capital también fue escenario de dos movilizaciones masivas, protagonizadas sobre todo por estudiantes y habitantes de los conos norte y este, los más deprimidos, a lo que ahora se sumarán la llegada de personas de las provincias, que podrían ser miles.

La salida de Boluarte, a quien la gente parece responsabilizar de las 50 muertes que van hasta ahora , según la Defensoría del Pueblo -41 civiles caídos en choques con las Fuerzas Armadas, fundamentalmente a bala; un policía calcinado vivo dentro de su patrulla y ocho víctimas de los bloqueos- se ha convertido en punto central de la agenda.

Pero la mandataria de 60 años, que llegó al poder el 7 de diciembre al ser la vicepresidenta del destituido Pedro Castillo , se niega a dimitir, porque dice que continuar es su deber constitucional y que lo que hay es una ofensiva de "azuzadores extremistas que quieren caos y anarquía".

Las exigencias incluyen el cierre del impopular Congreso, controlado por la derecha y ahora aliado del Ejecutivo, la celebración de elecciones generales este año, la convocatoria de una Asamblea que cambie la Constitución de 1993 y libertad para Castillo, en detención provisional desde que fuera destituido al intentar dar su propio golpe.

Redacción y Télam