Una abultada deuda de la Nación vuelve a poner en jaque a la distribución de garrafas
Las empresas de gas advierten que les deben siete meses de subsidios y que se encuentran trabajando a pérdida. Esta crisis pone nuevamente en peligro el stock para el NEA y otras zonas del país.
El envasado y la distribución de los tubos de gas para el uso domiciliario es un proceso que está en crisis desde hace tiempo. Las deudas que mantiene el Estado nacional con el sector y los topes de precios para la venta al público generaron un combo que pone en riesgo -nuevamente- el stock.
Esta situación afecta por igual a todas las empresas del sector y son los usuarios de ciertas zonas del país los que podrían llegar a sentir con fuerza el cimbronazo. Entre ellas, Corrientes es una de las provincias en riesgo debido a que no cuenta con suministro de gas natural, por lo que un corte en el abastecimiento causaría una verdadera crisis energética, según advirtieron las firmas.
En este contexto, la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (Cegla) volvió a emitir un comunicado alertando sobre la problemática, luego de que el Estado haya hecho algunos depósitos hace un tiempo y parecía que la dificultad comenzaría a disiparse. Pero lo cierto es que las complicaciones continúan y siguen agravándose.
El sector empresarial asegura que son ya siete meses los que adeuda la Nación en concepto de asistencia económica transitoria. "Los fraccionadores de gas no pueden sostener los precios de las garrafas. A esto se suma que el beneficio caducó en diciembre pasado y no se prorrogó, mientras que los precios máximos de referencia fijados por la Secretaría de Energía están por debajo del costo de operación", expresaron en el comunicado.
A pérdida
El presidente de la Cegla, Pedro Cascales, dijo al respecto: "Estamos trabajando a pérdida", advirtiendo que la situación no cambió en los últimos meses y que la preocupación del sector es cada vez mayor.
"La proximidad a la temporada invernal desespera a los productores de garrafas, ya que abastecen a casi el 40 % de la población, que las utiliza -principalmente- para calefaccionarse y cocinar", señalaron. Además, indicaron que sin la asistencia y con precios de referencia por debajo de los costos de operación es imposible invertir, producir y distribuir los productos.
La Ley 26020 establece que los precios de referencia se deben actualizar periódicamente, garantizando una "razonable rentabilidad", a fin de que se puedan realizar las inversiones necesarias. Por eso, según los cálculos del sector, el precio de las garrafas debería duplicarse.
Para evitar esto, la Secretaría de Energía dispuso una asistencia económica transitoria (AET), pero el Estado les debe ya 7 meses, acumulando una deuda de $ 5.400 millones, informaron desde la Cegla.
Según la última resolución, por una garrafa de 10 kilos se fijó para el fraccionador, $ 667; para el distribuidor, $ 1.171; y para la venta al público, $ 1.229. En los comercios de cercanía como los kioscos, el valor en realidad ya supera los $ 2.500 en muchos casos.
De mantenerse esta situación, las empresas alertan que el abastecimiento se encuentra en serio riesgo, y que podría darse una merma en el stock de garrafas, por lo que piden una inmediata respuesta de las autoridades para desactivar un conflicto que afectaría a millones de usuarios.
