Se complica la discusión de la ley de alquileres en el Senado nacional
El bloque Unidad Federal no acompañará la iniciativa de Juntos por el Cambio, que llegó con media sanción de Diputados.
La esperanza de Juntos por el Cambio de sancionar en breve las modificaciones a la ley de alquileres en el Senado nacional parece diluirse. El Frente de Todos planteó que no acompañará si no se aceptan cambios al proyecto que llegó con media sanción de la Cámara de Diputados y ayer se conoció que el bloque de Unidad Federal tampoco lo hará.
Unidad Federal es un bloque de senadores que se define como "peronista y antigrieta". Está representado por Guillermo Snopek, Eduardo Kueider, el correntino Carlos Camau Espínola y María Eugenia Catalfamo, todos exmiembros del interbloque del Frente de Todos. A ellos se les suma la senadora Alejandra Vigo, la esposa de Juan Schiaretti, del peronismo cordobés.
Vale recordar que este bloque fue el que fracturó al kirchnerismo en la Cámara Alta y causó polémica.
Como ninguno de los dos bloques mayoritarios tiene el número necesario para lograr el quorum, los legisladores de Unidad Federal se vuelven indispensables para habilitar las sesiones y aprobar proyectos. De ahí que Juntos por el Cambio entabló conversaciones para sumar esas voluntades.
Unión Federal ingresaría al Senado un nuevo proyecto de ley de alquileres. Así, una vez que ingrese el nuevo proyecto, se sumará a los tres que hay del Frente de Todos que competirán con el que llegó de Diputados, por lo que el panorama indica que la discusión va camino a empantanarse.
Pero, mientras esto sucede, los valores de los alquileres siguen subiendo sin freno. En este sentido, la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, registra en solo casi 8 meses un incremento del
114 % en promedio, una escalada sin antecedentes.
Ese proyecto reforma la norma aprobada en 2019 a instancias del antiguo bloque de Cambiemos. Establece que la vigencia de los contratos entre inquilinos y propietarios se reduzca de tres a dos años, con una actualización que podrá efectuarse dentro de un plazo de entre cuatro y doce meses, con un sistema de actualización acordado entre las partes.
En ese sentido, dispone que las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) o una combinación de dichos índices.
Desde el Frente de Todos criticaron varios aspectos de ese proyecto. Principalmente, las críticas apuntaron a que no diferencia los alquileres para vivienda de los alquileres comerciales, en donde entienden que no hay conflictividad. Pero además el cuestionamiento más grande radica en los plazos de actualización, los índices que se podrían tomar y que queda en potestad del propietario exigir el pago de varios meses de alquiler por adelantado.
El miércoles pasado, en Diputados, la oposición logró la media sanción al proyecto con 125 votos a favor, 112 en contra y 3 abstenciones del proyecto que establece que los ajustes sean por intervalos no inferiores a 4 meses y que el mecanismo de actualización pueda combinarse entre tres índices, a acordar por las partes. Además, vuelve a dos años el plazo de los contratos.
