Crónica alfonsinista de la reconstrucción democrática que puso fin a la oscuridad

El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 instauró en Argentina una dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. Este acontecimiento pareció en un principio que sería una continuidad del proceso de inestabilidad constitucional que se inició en 1930, con el derrocamiento del presidente Yrigoyen, por un grupo de cadetes del Colegio Militar encabezado por el teniente general José Félix Uriburu. Pero el gobierno de facto no resultó una interrupción más del orden democrático de nuestra historia contemporánea durante el siglo XX.
La Junta Militar puso en marcha un plan sistemático y clandestino de represión ilegal a personas del ámbito político, sindical, económico, social y cultural del país que resultó en miles de desapariciones forzadas y la partida al exilio de otros tantos. Otro objetivo fue poner en marcha una política económica de apertura indiscriminada, que produjo un descalabro del tejido productivo e industrial, y la reprimarización de los excedentes exportables argentinos, lo que derivó en la reducción de los salarios reales y una descontrolada emisión de bonos, que causó la cuadruplicación de la deuda externa de Argentina en poco más de 7 años.
Con todo ello, la dictadura pretendió refundar estructuralmente el país, por lo cual la transición a la democracia se transformó en un horizonte borroso y lejano.
Latinoamérica estaba condicionada por la geopolítica de la Guerra Fría, que impuso dictaduras militares en el Cono Sur.
Paraguay era gobernada por Stroessner desde mediados de siglo; en Brasil, el presidente Goulart fue desplazado en 1964 por un golpe castrense. A principios de los 70, Uruguay afrontó la bordaberrización (entrega del poder a las fuerzas armadas) por parte del presidente conservador Bordaberry del Partido Colorado. El acontecimiento más cruento fue el golpe de Pinochet del 11 de septiembre de 1973. Un asalto y bombardeo del ejército chileno a la Casa de la Moneda terminaron con la vida del presidente socialista Salvador Allende, que murió sin entregar el poder. Con sus matices, cada situación obedecía al ajedrez político de la aplicación de la doctrina de seguridad nacional, donde los EE. UU., a veces veladamente y en otras explícitamente, jaqueaban a los gobiernos constitucionales que no respondían a sus intereses globales en el marco del conflicto Este-Oeste.
Volviendo a la situación del país, la magnitud de las violaciones a los derechos humanos y la represión militar fueron saliendo paulatinamente a la luz, a partir de 1977 con el accionar de un grupo de mujeres que empezaron a manifestarse pacíficamente en Buenos Aires, reclamando por el paradero de sus hijos. Este grupo se acercaba los jueves a la Casa Rosada y se identificaban con un pañuelo blanco en la cabeza.
Desde ese momento fueron conocidas mundialmente como las Madres de Plaza de Mayo. En 1975, meses antes del Golpe, el clima de violencia que se vivía en el país, con el accionar de organizaciones armadas y la activa represión paraestatal consecuente -esta empezó mucho antes del 24 de marzo del 76- de unidades paramilitares clandestinas como la Triple A, llevó a un grupo de figuras del ámbito político y social de la Argentina a fundar la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Entre ellos se destacaron el obispo Jaime de Nevares, Alicia Moreau de Justo, Alfredo Bravo, Adolfo Pérez Esquivel, Oscar Alende, Graciela Fernández Meijide y un dirigente político de la UCR originario de Chascomús, llamado Raúl Alfonsín. La organización tuvo una activa participación en el resguardo de información, denuncias y contención de familias afectadas por violaciones a los derechos humanos. En 1979, cuando la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) de la OEA visitó la Argentina, la APDH presentó gran cantidad de denuncias. Desde EE. UU. el presidente demócrata Jimmy Carter impulsaba una política de revisión de los delitos de lesa humanidad que le significó cortocircuitos en su relación con la Junta Militar.

Para 1981, lo más atroz de la represión había pasado, aunque las cárceles estaban pobladas por muchísimos internos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional sin causa o procesamiento. Por esos años, presidía la Junta de comandantes el general Viola, que ensayó una tímida apertura política. En julio, los principales partidos –justicialismo, UCR, Intransigente, MID y Demócrata Cristiano– fundaron la Multipartidaria, con el fin de reclamar por una transición a la democracia. Paradójicamente, a principios del 81 llegó a la Casa Blanca el halcón republicano Ronald Reagan (exactor de Hollywood), que reavivó las tensiones de la Guerra Fría debido a la invasión soviética a Afganistán y el triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua. El cambio de tendencia política en el norte incidió en las estrechas relaciones de la Junta Militar, la cual proveyó "asesores" en contrainsurgencia a la contra nicaragüense que desde Honduras intentaba derribar al régimen prosoviético de Managua.
A fines de 1982, asumió en reemplazo de Viola el general Galtieri, considerado un duro. La crisis económica que acechaba a la Argentina, después el período conocido como la plata dulce (dólar barato), aumentó el descontento de la población. La inflación galopante y los aumentos de precios produjeron huelgas y manifestaciones de trabajadores sin redes de contención, las que fueron reprimidas violentamente por las fuerzas de seguridad. El poder del Gobierno parecía diluirse y el descontento se hacía sentir en cada espacio público donde había concentración de personas como recitales y espectáculos. El 2 de abril de 1982 nos despertamos con la noticia de que Argentina había ocupado las islas Malvinas y expulsado a las autoridades británicas. El cambio de humor social fue brutal y las plazas se llenaron de miles de personas celebrando la vuelta a la soberanía nacional de esas islas irredentas.
El cálculo de Galtieri fue que Gran Bretaña no reaccionaría a la acción argentina, porque nuestra condición de estrecho aliado de EE. UU. en Centroamérica le permitiría negociar. La especulación fue totalmente errónea, porque Margaret Thatcher aprovechó la ocasión y agitó el nacionalismo británico para distraer a sus ciudadanos de las dificultades que provocaban sus políticas económicas neoliberales. Con el apoyo norteamericano y de la OTAN, envió una fuerza expedicionaria, que recuperó las islas después casi cincuenta días de combate. Entre las escasas figuras políticas que se opusieron a la acción desesperada de la Junta Militar estuvo Raúl Alfonsín, porque comprendió que buscaba la continuidad de la dictadura a cualquier precio.
La derrota produjo el desmoronamiento del Proceso. Galtieri renunció y el militar retirado Bignone, que lo reemplazó, anunció el llamado a elecciones para el 30 de octubre de 1983. En la larga noche de la dictadura se encendía una luz de esperanza al final del túnel. El reverdecer político fue creciendo y las principales formaciones del sistema bipartidista, justicialismo y radicalismo, se pusieron en movimiento para retomar la senda democrática de la Argentina.
La retirada del gobierno de facto sin condiciones posibilitó que una fuerte figura emergente como Alfonsín blandiera como bandera, en la campaña electoral de 1983, la intención de promover el juzgamiento de los comandantes responsables de los delitos de lesa humanidad, e incluso, en los meses previos a las elecciones denunciara un pacto sindical-militar, que causó revuelo en la agenda política y mediática. Quizás, por ello, la transición no se parecía a las anteriores del medio siglo previo de instabilidad política y tutela militar a la democracia, sino que podría significar (y esto lo interpretó claramente Alfonsín y su entorno) un quiebre con el pasado, para iniciar una nueva etapa en la historia argentina. El contexto no era el más favorable. A la crisis económica como consecuencia de las políticas previas había que agregar que Argentina seguía rodeada de dictaduras militares en el Cono Sur, que además participaron activamente en el denominado Plan Cóndor, de colaboración entre gobiernos de facto, para la persecución y eliminación clandestina de las organizaciones políticas opositoras, particularmente las de izquierda.

Alfonsín se convirtió en líder de la UCR después de terminar con la hegemonía del balbinismo en la interna radical y sorprendió derrotando por primera vez al justicialismo en elecciones sin proscripciones de ningún tipo realizadas el 30 de octubre de 1983. La campaña fue masiva e intensa, pero el justicialismo fue víctima de sus contradicciones internas, que se centraban en la orfandad de liderazgo desde la muerte de Perón en 1974. El líder radical, por el contrario, cautivó a una juventud ávida de libertades y esperanzada con el futuro, a sabiendas de que lo que venía no sería sencillo.
Para finalizar, voy a tomar prestado un párrafo que no me pertenece. Es la parte final del prólogo de la autobiografía política de Alfonsín, escrito por el intelectual y dirigente socialista Juan Carlos Portantiero. Creo que sintetiza contundentemente la obra y el legado que dejo Alfonsín para las generaciones por venir y que debe ser honrado.
"Muchos de quienes componen mi generación descubrieron a partir del proceso iniciado en 1983, conmovidos por el rezo laico del Preámbulo, el valor de la democracia y del Estado de derecho que hasta entonces habíamos despreciado en nombre de otros ideales, sin advertir que no tenían por qué ser mutuamente excluyentes. Fuimos hijos de la violencia y de la ilegalidad argentinas; en ellas nos nutrimos y a ellas servimos hasta que el horror de la dictadura y del terrorismo de Estado, las prisiones, las muertes y los exilios nos mostraron definitivamente el largo rostro cruel de nuestra historia y la necesidad de articular las viejas banderas sociales con los nuevos aires que a ellas podía proporcionarles la democracia. Más allá de consideraciones coyunturales, de comprensibles discrepancias sobre asuntos puntuales, de juicios que ya remiten al análisis histórico, sería imposible no reconocer en ese logro una enorme deuda con Raúl Alfonsín".

