Para ser funcionarios, deberán carecer de condenas y deudas alimentarias
Por unanimidad, los concejales establecieron cuáles serán los motivos que inhabiliten a una persona a ejercer un cargo en el Gobierno municipal. Además, acordaron en qué caso debe renunciar y el plazo para hacerlo, a fin de evitar ser destituida a través de un juicio político.
Tras algunas modificaciones al proyecto, los integrantes del Concejo de Curuzú Cuatiá establecieron requisitos que deberán cumplir quienes pretendan ejercer como funcionarios municipales. La decisión de regular este tipo de roles públicos fue apoyado de manera unánime en la última sesión ordinaria que se desarrolló en el recinto legislativo local.
De acuerdo a lo informado por el cuerpo deliberativo, fue el segundo punto del orden del día. En este sentido, la propuesta que tuvo despacho de la comisión de Gobierno fue impulsada por distintos bloques (PRO, Unión Popular, UCR y Frente de Todos). En tanto, el edil Carlos Rubín fue el encargado de exponer sobre el proyecto las modificaciones realizadas al original.
Luego, con el apoyo unánime de los miembros del legislativo curuzucuateño, la iniciativa fue aprobada. Con respecto a esto, en la nueva ordenanza en su artículo primero resolvieron: "Crear el régimen de inhabilidades denominado ficha limpia en el ámbito municipal, adhiriendo a la Ley provincial 5911 y sus modificatorias de ética pública; y las Convenciones Interamericana y de las Naciones Unidas contra la corrupción -en los términos del artículo 36º de la Constitución nacional- y los artículos 29º y 35º de la Constitución provincial".
Mientras que, en el siguiente artículo, los concejales establecieron que "es causal de inhabilidad para ser designados como funcionarios no electivos en cualquier ámbito de la Municipalidad de Curuzú Cuatiá el ser condenado penalmente, estando firme la sentencia o -aunque no lo esté- si existe fallo en segunda instancia judicial, por los delitos que se indican en el artículo tercero". Y "en caso de revocación de la sentencia en instancia superior, luego del cumplimiento de la pena o del plazo de suspensión del juicio a prueba, cesará automáticamente esta restricción", agregaron.
En tanto, en el ítem tercero, precisaron que si la condena judicial se concreta después de la designación, se aplicará el artículo 67º de la Carta Orgánica Municipal, refiriéndose a que tendrá un plazo de 5 días para renunciar. Caso contrario, será destituido por juicio político.
A su vez, en este punto los concejales añadieron que "el superior jerárquico que corresponda será responsable de tomar las medidas necesarias para la desvinculación del funcionario condenado".
Además, detallaron en el artículo cuarto que "la condena penal para ser inhabilitante en los términos de la ordenanza aprobada deberá ser de prisión, efectiva o condicional, y por los delitos cuyo bien protegido son los siguientes: poderes públicos, orden constitucional, económico y financiero, administración pública, integridad sexual, personas, libertad y propiedad.
En tanto, determinaron "idéntica inhabilidad para los condenados civiles o penales por incumplimiento de prestaciones alimentarias y los inscriptos como deudores en el registro respectivo".
Por último, también subrayaron que "toda persona propuesta para su designación como funcionario municipal deberá presentar previamente a la misma constancia del Registro Nacional de Antecedentes Penales o de Reincidencia y de su ausencia de inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios".
