Bullrich presentó el protocolo antipiquetes que aplicarán las fuerzas federales

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presentó ayer un protocolo para el mantenimiento del orden público con el fin de asegurar la libre circulación ante la organización de piquetes o bloqueos, lo cual derivó en el repudio de agrupaciones sociales y dirigentes políticos que consideraron a la medida como inconstitucional y una amenaza ante una posible conflictividad social tras las medidas anunciadas por la Nación.

Con esto, el Gobierno busca trasladar la protesta a las veredas, eliminar la quema de gomas, que no haya niños en las marchas y que el costo de los operativos, en caso de que se requieran, no lo pague el Estado, sino los manifestantes.

Bullrich anunció que las cuatro fuerzas federales podrán intervenir "si hay un delito flagrante" durante las manifestaciones en la vía pública y que el nuevo protocolo incluirá la identificación de quienes corten las arterias, la aplicación de las leyes que contemplan hasta penas de prisión y el cobro de los gastos que demande la intervención de las fuerzas de seguridad a las organizaciones que violen la normativa.

"Las cuatro fuerzas federales y el Servicio Penitenciario Federal van a intervenir frente a los cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales. La ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple", dijo Bullrich durante una presentación ante la prensa en la sede de la cartera de Seguridad.

La funcionaria indicó que si hay un delito flagrante las fuerzas federales podrán intervenir de manera inmediata de acuerdo con "los códigos procesales vigentes" y que utilizarán "la mínima fuerza necesaria y suficiente", la cual será "graduada en proporción a la resistencia" que se oponga.

"Serán determinados los delitos hasta una nueva ley que se va a presentar a corto plazo de acuerdo al artículo 194 del Código Penal", agregó.

Ese artículo establece que "el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años"."Sepan que si se toma la calle va a haber consecuencias. Vamos a ordenar el país para que la gente pueda vivir en paz", señaló.