El Gobierno nacional estrena y pone a prueba su protocolo antipiquetes
Toda la opinión pública posará los ojos hoy sobre CABA, ante la posibilidad latente de marchas que alteren el orden público.
El viernes, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presentó un protocolo para el mantenimiento del orden público con el fin de asegurar la libre circulación ante la organización de piquetes o bloqueos.
Con esto, el Gobierno busca trasladar la protesta a las veredas, eliminar la quema de gomas, que no haya niños en las marchas y que el costo de los operativos, en caso de que se requiera, no lo pague el Estado, sino los manifestantes.
En este contexto, hoy será la prueba del protocolo antipiquetes, ya que para está prevista una movilización que fue anunciada por la Unidad Piquetera, que marchará, por la tarde, desde el Congreso hacia la Plaza de Mayo, en el marco de un nuevo aniversario del estallido social de diciembre de 2001.
"Queremos tener una jornada en absoluta paz. La Argentina tiene que
acostumbrarse a una normalidad tan
simple como el del estricto cumplimiento de la ley"
MANUEL ADORNI
PORTAVOZ DE LA PRESIDENCIA
El viernes, apenas anunciado el protocolo fue repudiado por las agrupaciones sociales y dirigentes políticos que consideraron la medida como inconstitucional y una amenaza ante una posible conflictividad social tras las medidas anunciadas por la Nación.
Ayer, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, afirmó que el Gobierno nacional quiere que hoy sea una jornada en absoluta paz y ratificó la decisión de garantizar la libre circulación.
"Mañana queremos tener una jornada en absoluta paz. La Argentina tiene que acostumbrarse a una normalidad tan simple como el del estricto cumplimiento de la ley", insistió ayer Adorni en la conferencia de prensa que ofreció en la Casa Rosada al término de una nueva reunión de Gabinete encabezada por el presidente Javier Milei.
Al respecto, el vocero presidencial ratificó que quién participe de algún corte de calle "dejará de percibir el plan social", tal como lo ratificó el lunes la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y reiteró que la línea telefónica 134 estará abierta para "recibir denuncias de aquellos que se sientan amenazados por un intermediario". Según se informó, ayer se realizaron más de 4.000 denuncias.
Adorni reafirmó que, para el Gobierno nacional, la "decisión está tomada y es hacer cumplir la ley" en relación al protocolo de orden público dispuesto por el Gobierno nacional, que será aplicado hoy por primera vez durante la movilización prevista por la Unidad Piquetera, que marchará, a partir de las 16, desde el Congreso hacia la Plaza de Mayo.
Denuncia de sindicalistas
En la previa a la movilización, ayer la CGT y las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina, Autónoma (CTA-A) y de los Trabajadores (CTA-T), solicitaron la intervención urgente del director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Gilbert Houngbo, ante la inminente aplicación del protocolo de orden público, al considerar que "restringe y vulnera los derechos constitucionales", alienta a la "persecución sindical" y busca "criminalizar la protesta social".
La presentación de las tres centrales sindicales se realizó un día antes de la protesta convocada para hoy por la Unidad Piquetera.
En el texto, las centrales sindicales advirtieron que el protocolo "restringe y vulnera los derechos constitucionales" y además "alienta a la persecución sindical y buscan criminalizar la protesta social".
Por otra parte, Bullrich mantuvo ayer por la mañana reuniones en el Ministerio de Seguridad de la Nación con secretarios de Seguridad de distintas provincias del país, así como con su equipo de asesores y funcionarios nacionales del Gobierno con el objetivo de coordinar detalles del operativo que se desplegará hoy para evitar los cortes de calles. La ministra del área está al tanto de que las organizaciones piqueteras y los movimientos sociales convocaron a una movilización que afectará el centro porteño y los accesos a la Ciudad de Buenos Aires.
Será el primer gran desafío de Bullrich en su regreso al Ministerio que ya gestionó entre 2015 y 2019, así como también para el propio Milei.
Toda la opinión pública posará los ojos sobre CABA ante la posibilidad latente de marchas que alteren el orden público y devengan en conflictividad social que dificulten la libre circulación por la vía pública.
