La Justicia suspendió la derogación de la ley de tierras prevista en el mega-DNU

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak accedió a una medida cautelar pedida por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim) y suspendió preventivamente el artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia Nº 70/2023, que derogaba la ley de tierras.

Además, el magistrado ordenó inscribir un proceso colectivo y le pidió al Poder Ejecutivo Nacional el informe previsto en la Ley 16986 en un plazo de cinco días contados a partir de la notificación de la resolución.

"En el reglamento atacado, se invocó como menester la derogación de la Ley 26737 (llamada ley de tierras), no obstante se omitió brindar fundamentació́n adecuada sobre la relació́n subyacente que explicaría la forma según la cual la abrogación de la norma contribuiría a superar los problemas sociales y económicos que trasunta la Nación", sostuvo Kreplak, consignó Infobae.

Y agregó: "No se advierte entonces, prima facie, que el acto estatal impugnado (derogación de la norma legal) sea adecuado al fin que persigue el Estado (superación de problemas sociales y económicos) y que el medio utilizado (decreto de necesidad y urgencia) sea proporcionado y conducente a ese fin".

La ley de tierras limita la posibilidad de vender a extranjeros tierras que tienen fuentes de agua importantes o que están en zonas de seguridad de fronteras. En concreto, establece que solo el 15 % de las tierras rurales totales de la Argentina pueden estar en manos de extranjeros. 

Si la normativa se derogaba, entonces ya no habría límite y las negociaciones quedarían libradas a la voluntad de compradores y vendedores. Ese porcentaje también se aplica al territorio de cada provincia.

Además, hoy las personas extranjeras de una misma nacionalidad no pueden tener más del 30 % de ese 15 % total sobre las tierras rurales y en ningún caso pueden tener más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo y en las que sean declaradas equivalentes. 

Por otro lado, la ley advierte que está prohibida toda interposición de personas físicas de nacionalidad argentina, o de personas jurídicas constituidas en el país, a los fines de configurar una titularidad nacional figurada para infringir las previsiones de esta ley.