Provincias en alerta: la quita de subsidios reconfigura el mercado energético
La eliminación de subsidios definida por la Nación en febrero para eliminar el déficit fiscal, derivó en que se cuadrupliquen las facturas de energía eléctrica de los usuarios no residenciales como pymes del comercio y la industria, edificios, sanatorios, hoteles y el alumbrado público de los municipios. El efecto dominó ya repercute en domicilios particulares.

Luego del despilfarro kirchnerista de los cuatro años anteriores, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, avanzan con el aumento de tarifas, como parte del programa económico y que apunta a dos objetivos: un ajuste equivalente a 3.000 millones de dólares en subsidios a la energía y la recomposición de la caja de las distribuidoras para mejorar la calidad del servicio público. En el medio, un poder adquisitivo cada día más devaluado.
El mes pasado, el Gobierno eliminó todos los subsidios a la luz, excepto los dirigidos a los hogares de ingresos bajos y medios (Nivel 2 -N2- y Nivel 3 -N3- de la segmentación, respectivamente). Además, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) autorizó un incremento en los márgenes de Edenor y Edesur, mientras que las provincias ajustaron los ingresos de las distribuidoras y cooperativas que regulan en sus jurisdicciones.
Propietarios de hoteles en algunas provincias manifestaron que de pagar $ 15 millones por mes en electricidad, el último mes abonaron $ 65 millones y con menos cantidad de turistas alojados, cuya suba significa un incremento de 333 %.
Otro ejemplo fue lo que expuso el intendente de la localidad bonaerense Esteban Echeverría, Fernando Gray, quien protestó porque recibió en su Municipio una factura de alumbrado eléctrico con un aumento del 277 %, es decir, que de $ 71,8 millones que pagaba en febrero paso a, $ 271,1 millones en marzo. En la ciudad de Buenos Aires, fuentes de la administración informaron que la boleta de luz trepó cerca de un 270 %. Y en Mar del Plata, un 337 %.
Por su parte, el presidente de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (Caphai), Miguel Summa, comentó que "en un edificio de oficinas con 13 pisos sobre la avenida Córdoba, alrededor de Tribunales (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) que pagaba $ 500.000 en febrero, la factura se fue a $ 1.700.000 este mes". En declaraciones a Clarín comentó que en otros inmuebles "la electricidad de la portería se fue de $ 6.000 a $ 25.000".
En cadena
A ello cabe agregar que algunas administraciones edilicias este mes envían los aumentos de las expensas, con las aclaraciones de que parte del incremento corresponde al impacto de la energía eléctrica en el consorcio.
La situación trasciende los límites del AMBA y se multiplica en todo el país. Se viralizó el martes el caso que sucedió en Córdoba, donde el comerciante de chacinados Darío Villarruel fue a pagar la energía con una carretilla de billetes.
El gobernador de la jurisdicción mediterránea, Martín Llaryora, empezó a otorgar créditos para abonar la luz en tres cuotas. Lo mismo ocurre en Tierra del Fuego, con la cooperativa de Río Grande. Misiones también lanzó un plan para pagar la factura en tres cuotas.
A comienzo de la semana pasada también fue tendencia la publicación del primer mandatario de Salta, Gustavo Sáenz, cuando exhibió lo que se paga de luz en su provincia y en el AMBA y protestó contra las históricas asimetrías de las facturas eléctricas, que nada tienen que ver con los subsidios al costo de la energía que son uniformes para todo el país.
Sinceramiento
Dentro del sector energético las consideraciones son muy variadas. En una empresa aseguran: "Vemos como positivas estas medidas. Por fin se le va a dar valor a la energía y los usuarios vamos a empezar a internalizar el uso eficiente de los recursos". En otra compañía, aunque tenían ingresos que corrían por detrás de la inflación, dudan sobre la sostenibilidad de este plan y temen que se empiece a multiplicar la morosidad.
El Gobierno nacional, en tanto, se prepara para definir en los próximos días la Canasta Básica Energética (CBE), que se aplicaría desde mayo en todo el país y le pondrá topes a los consumos razonables subsidiados, siempre que representen más del 10 % de los ingresos de los hogares.
Por otro lado, en Entre Ríos -provincia limítrofe con Corrientes y que comparte los efectos y las menguadas regalías de la represa Salto Grande-, una agrupación presentó una nota al gobernador, Rogelio Frigerio en la que plantean que "el impacto del tarifazo eléctrico en los sectores residenciales, pymes, industrias, clubes, entidades deportivas y culturales, y sectores productivos en general provocaron aumentos que repercutirán directamente en los niveles de actividad, en muchos casos serán impagables, debe ser indudablemente replanteado".


