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Política

La CGT hará el segundo paro general contra el gobierno de Javier Milei

La huelga nacional se realizará el 9 de mayo y se anunció a menos de un día de que la central fuera recibida en la Casa Rosada. A diferencia de la primera medida, esta vez será de 24 horas y no de 12. 

La CGT decidió convocar al segundo paro general contra el gobierno de Javier Milei, que se realizará el 9 de mayo. Se trata de una medida de fuerza que se tomó a menos de un día de que la central obrera fuera recibida en la Casa Rosada por funcionarios nacionales. Además, resolvieron hacer el 1 de mayo, Día del Trabajador, una masiva movilización a la Plaza de Mayo en protesta contra las políticas del Gobierno nacional.

La decisión fue debatida ayer, desde las 14.30, por el consejo directivo cegetista, en donde se analizó lo conversado 24 horas antes con el ministro del Interior, Guillermo Francos; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero.

Según consignó Infobae, el sector dialoguista de la CGT proponía realizar el paro después de la movilización del 1 de mayo, en conmemoración del Día del Trabajador, para medir la respuesta de sus bases antes de concretar otra huelga, mientras que la facción combativa quería realizar el paro cuanto antes.

De todos modos, los dirigentes cegetistas ya les habían anticipado a los funcionarios nacionales que ayer se iba a poner la fecha a una "medidas de acción directa" (en alusión al segundo paro general luego del que se hizo el 24 de enero, de 12 horas con movilización) y que se iba a ratificar la concentración en la Plaza de Mayo.

Sin embargo, en la Casa Rosada no les pidieron que cancelaran o postergaran las medidas de fuerza y tuvieron gestos de buena voluntad hacia la los jefes de la CGT: les pidieron disculpas por no haberlos llamado a dialogar antes y por no haber consensuado la reforma laboral del DNU 70. Y, además, prometieron discutir en una mesa conjunta el contenido de una "modernización" de la legislación laboral (se acordó no hablar de "reforma") para incluirla en la ley Bases, pero sin los artículos que irritaron a la dirigencia gremial porque ponían en riesgo su andamiaje de poder.

Los representantes del Gobierno nacional también les solicitaron un "acompañamiento durante 2 o 3 meses" con acuerdos salariales que no superen la inflación prevista, para lo cual garantizaron –a través de Cordero– que se acelerará el ritmo de las homologaciones que se acumulan sin aprobar.

Los sindicalistas advirtieron que negocian las paritarias con "responsabilidad" y que "los salarios no son el tema central de los problemas macroeconómicos de la Argentina", por lo cual rechazan la demora en homologar algunos acuerdos. Cordero explicó que recién ahora pudo completar su equipo y así empezar a ponerse al día con las homologaciones. "Ahora se está normalizando todo", dijo.

En la reunión de la Casa Rosada estuvieron dos de los cotitulares de la CGT, Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (Estaciones de Servicio), pero no concurrió el tercer miembro del triunvirato de conducción, Pablo Moyano, quien fue sorpresivamente reemplazado por su papá, Hugo Moyano.

El jefe del Sindicato de Camioneros aprovechó el contacto con los funcionarios libertarios para plantear su queja por la falta de homologación de su último aumento salarial, del 45 % para marzo y abril.

En un clima de cierta distensión entre el Gobierno nacional y la CGT, Moyano cedió ante la negativa oficial a homologar la paritaria al aceptar una renegociación del convenio, dejando sin efecto el que se había firmado, en un esquema aún en discusión que tendría una vigencia de cuatro meses –de marzo a junio– con aumentos a tono con el descenso de la inflación como quiere el Ministerio de Economía.

Medidas locales

En Corrientes, la política del Gobierno nacional, centrada en el ajuste del gasto público, también tiene sus consecuencias por los despidos de trabajadores de los organismo nacionales. Uno de ellos es la Anses, donde este miércoles se concretó una huelga.

Ayer, el delegado de  la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (Apops), Luciano Arizaga, lanzó: "No descartamos que empeore el reclamo hasta que haya un diálogo serio". Afirmó que "los despidos son injustificados". 

En diálogo con radio Sudamericana, el sindicalista recordó que el reclamo se debe a un pedido de reincorporación de cinco trabajadores despedidos –tres de los cuales eran de planta permanente y dos contratados– solo en la capital. 

Indicó que en Chaco se cerraron delegaciones, igual que ocurrió en el interior de Corrientes. 

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