La Justicia investiga otra megacausa contra los piqueteros
El juez federal Sebastián Casanello lleva adelante la causa judicial que tiene en vilo a los principales grupos piqueteros por más de 1000 denuncias ingresadas a través del call center de la línea 134 por presunta extorsión de dirigentes sociales contra los sectores más pobres del país.
La mayoría de los piqueteros cobran un plan social por parte del Estado nacional que ronda entre el medio millón hasta 800.000. Son 19 de los 28 acusados que pertenecen al Polo Obrero, Barrios de Pie y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL). Los datos surgen del llamado a indagatoria, allanamientos y pedidos de detención que el fiscal federal Gerardo Pollicita le realizó al juez Sebastián Casanello.
Uno de los principales involucrados en el expediente, Jeremías Cantero, integrante de la conducción nacional del Polo Obrero, fue funcionario del ex Ministerio de Desarrollo Social. La Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anticipó que "los vamos a dar de baja de inmediato".
Las declaraciones judiciales contra los grupos piqueteros salieron a la luz el lunes pasado, cuando se revelaron los allanamientos ordenados por el juez Casanello en el marco de la denuncia que impulsó el fiscal Gerardo Pollicita. En total fueron 28 procedimientos en las sedes de organizaciones sociales y comedores del Polo Obrero, Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), las tres organizaciones que están siendo investigadas.
En los allanamientos se secuestraron celulares, computadoras y mucho dinero en efectivo. También se encontró un cuaderno que podría ser clave porque tiene inscripciones manuscritas con listados con presencias en manifestaciones y entrega de mercadería a comedores.
