Hay un principio de acuerdo entre las Universidades y el Gobierno nacional

El secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, recibió ayer a las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el organismo que nuclea a los rectores de las universidades nacionales.

En la reunión, el Gobierno nacional ofreció a las universidades públicas un aumento del 270 % en los gastos de funcionamiento, tal como lo había acordado ya con la UBA. En tanto, hoy se retomará con los sindicatos universitarios la negociación salarial.

Tras dos marchas y movilizaciones en todo el país, el entendimiento por la educación superior pública y gratuita comenzó a dar resultados para los rectores. Vale detallar que la reunión se realizó de manera virtual y contó con la participación del rector de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Omar Larroza. 

Tras el cónclave, el CIN emitió un documento en el que expone un principio de acuerdo y augura un tiempo de buenas relaciones. "Las propuestas trasladadas el día de hoy por el Gobierno nacional comienzan a atender los reclamos que sostenemos desde principios de año el conjunto de las Universidades públicas del país, agenda que diera origen a la extraordinaria manifestación del pasado 23 de abril", inicia el texto del CIN y prosigue: "En el marco de dicho encuentro, el Gobierno nacional confirmó un ajuste por inflación del 270 % para gastos de funcionamiento con el consecuente cronograma de pagos hasta fin de año".

En esa línea, detalla: "Se acordó establecer mesas de trabajo para los siguientes temas que se encuentran aún pendientes de resolución:
Resoluciones 2023 pendientes de pago y asignación de fondos de ejecución 2024 para programas con financiamiento específico denominados bajo la línea. Obras universitarias suspendidas. Cálculo de presupuesto universitario 2025. Programas de becas y asistencia estudiantil. Situación del sistema científico tecnológico y coordinación con las universidades nacionales. Monitoreo de la situación salarial docente y nodocente. Monitoreo de la ejecución de los fondos. Y otros temas de interés del Gobierno nacional que son el art. 33º de la Ley de Educación Superior, las medidas de transparencia y de rendición de cuentas de las universidades y el programa de alfabetización".

Por último, el Comité Ejecutivo ampliado "encomienda a los señores presidente y vicepresidente del CIN el monitoreo y el control de los avances de las mesas de trabajo, de manera que permitan avanzar en soluciones que otorguen previsibilidad al sistema universitario para planificar lo que resta del año".

Y reitera: "Nuestro agradecimiento a la sociedad argentina por su masivo y conmovedor acompañamiento en defensa de la universidad pública, que ha permitido comenzar a encontrar un principio de solución para la grave situación presupuestaria del sistema público universitario, a la que nunca debimos haber llegado. Este Consejo seguirá trabajando en unidad por la fortaleza del sistema, con el convencimiento del rol transformador de la universidad pública y de que los problemas estructurales del país se resuelven con más y mejor educación, con formación universitaria pública de excelencia y con un sistema científico al servicio del desarrollo de la Nación". 

El pasado 15 de mayo, la UBA había anunciado la suspensión de la emergencia presupuestaria luego de que el Gobierno nacional le ofreciera un aumento de 270 % en el presupuesto para gastos de funcionamiento y de 300 % para los hospitales universitarios. La UBA había lanzado su propio petitorio "contra el recorte presupuestario", que sumó más de 450.000 firmas, según un comunicado que difundió ayer la Universidad.

Al conocerse el acuerdo entre el Gobierno nacional y la UBA, el CIN había denunciado que esa medida discriminaba al resto de las universidades nacionales: "Resulta inadmisible y provocador que se reconozca (el reclamo) solo para una universidad y no para la totalidad del sistema, que reúne a un conjunto de 60 universidades a lo largo y a lo ancho de todo el país y que representan a dos millones de estudiantes de las universidades argentinas".

Tras eso, el clima entre el Gobierno nacional y las 60 universidades públicas del país se caldeó. La última gran manifestación de las casas de estudios se desarrolló el pasado 23, a un mes exacto de la gran Marcha Federal Universitaria que se realizó en toda la Argentina.