Ingresó en Diputados el veto de Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria
El presidente abre la batalla entre La Libertad Avanza y la oposición en la Cámara Baja nacional. El rechazo fue girado a comisiones.
La Casa Rosada envió este lunes a la Cámara de Diputados de la Nación el veto a la ley de movilidad jubilatoria que establecía un aumento de jubilaciones del 8,1 %.
Esa mejora en los haberes no se aplicará mientras permanezca vigente el decreto 782 que aplica el veto de Javier Milei firmado el viernes pasado y publicado ayer en el Boletín Oficial.
"Tengo el agrado de remitirle adjunto al presente el Original del Mensaje N.° 45/2024, que comunica el dictado del Decreto N.º 782/2024, por el cual se observa totalmente y se devuelve el proyecto de ley registrado bajo el N.° 27.756", señaló el Poder Ejecutivo Nacional en la nota dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, consignó Ámbito.
Ahora el veto total deberá ser girado a las comisiones de Previsión y Seguridad Social y Presupuesto y Hacienda, que serán un filtro difícil de superar para la oposición porque esa última comisión es conducida por el libertario José Luis Espert.
El radicalismo ya decidió que la presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad, Gabriela Brouwer, citará lo antes posible a ese organismo parlamentario para emitir dictamen de insistencia con la ley sancionada por el Congreso.
El problema se presenta con la Comisión de Presupuesto, por lo que no se descarta que los bloques opositores recurran a un emplazamiento de ambas comisiones, una medida que solo se puede tomar cuando haya una sesión del cuerpo legislativo.
De todos modos, La Libertad Avanza de Javier Milei ya trabaja para que la oposición no junte los dos tercios: para ello debe reunir 86 votos, si es que los 257 legisladores estuvieran presentes en el recinto de sesiones.
En los considerandos del decreto el Gobierno nacional señaló que el proyecto sancionado por el Congreso "es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento".
También indicó que la Ley de Administración Financiera es clara al "exigir" de forma expresa que "toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento".
El Gobierno nacional argumentó para rechazar la ley que si se llega a aplicar generará un gasto adicional de $ 6 billones para el 2024 y de $ 15 billones para el 2025, que "equivalen al 1,02 % del PBI calculado para el año en curso; y 1,64 % de aquel, estimado para el año entrante".
Y marcó que, de aplicarse la ley sancionada por el Gobierno, implicará un incremento del 18,5 % del gasto de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para 2024 y de 29,2 % para 2025.
