Los rectores se suman a la marcha universitaria en contra del posible veto
La movilización se realizará el miércoles 2 de octubre, como parte del plan de lucha que llevan adelante docentes y nodocentes en reclamo de mejoras salariales.
Los rectores de las universidades públicas nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto con los organismos que representan a los docentes y nodocentes (el Frente Sindical de Universidades Nacionales) y a los estudiantes (la Federación Universitaria Argentina), anunciaron ayer una nueva marcha federal universitaria para el 2 de octubre. La medida fue confirmada ayer en una conferencia de prensa conjunta y se definió luego de que el presidente Javier Milei anticipara su intención de vetar la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso.
Víctor Moriñigo, presidente del CIN, describió un escenario de "tormenta perfecta" y advirtió que el Presupuesto 2025 implicará una pérdida salarial aun mayor que la de 2024 para los docentes y nodocentes universitarios. "Queremos establecer esperanza para un futuro mejor para los jóvenes. No es un problema de financiamiento, sino de prioridades", dijo Moriñigo. "Pasaron cinco meses y estamos en el mismo punto de partida", agregó.
Si bien la marcha tendrá su epicentro en el Congreso nacional, el presidente del CIN anticipó que será "bien federal" y expresó: "Ojalá se nos llame pronto para poder resolver cómo financiar el sistema universitario y la ciencia y la tecnología de nuestro país". Sobre los salarios, denunció: "Vamos perdiendo contra la inflación y contra los demás empleados estatales".
La ley de financiamiento universitario se sancionó en el Senado el 12 de septiembre. Durante la votación en general, la iniciativa obtuvo 57 adhesiones, 10 rechazos y una abstención: el proyecto superó de manera holgada los dos tercios. La norma establece una recomposición de los salarios del personal docente y nodocente desde el 1 de diciembre de 2023 y hasta la sanción del proyecto.
Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, su implementación supondría "un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI".
En cuanto se aprobó la norma, el presidente Javier Milei anticipó un "veto total" en su cuenta en la red social X, en respuesta a un mensaje del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. El presidente tiene tiempo hasta el 3 de octubre para definir el veto. Desde las universidades, los sindicatos y la Federación Universitaria Argentina (FUA) vienen reclamando que no lo haga.
"Esta ley no distorsiona la economía ni impide tener una economía estable. Lo que estamos viendo es una distorsión de las prioridades", dijo Oscar Alpa, vicepresidente del CIN, durante la conferencia de prensa. Y comentó que hoy los rectores de todo el país aprobaron un documento titulado "El compromiso de un país con su sueño de seguir siendo una nación".
"La situación de nuestro sistema universitario es cada vez más grave. Llegamos a un punto que no tiene precedentes en la historia democrática de nuestro país", dijo ayer el rector de la UBA, Ricardo Gelpi.
