El Gobierno opta por la neutralidad ante la reforma constitucional de Insfrán
El presidente Javier Milei decidió mantenerse al margen de la controversia generada por la reciente reforma constitucional impulsada por el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, con el objetivo de facilitar su reelección. Este enfoque se produce en un contexto donde Milei busca evitar confrontaciones con los gobernadores, especialmente con aquellos del Partido Justicialista (PJ), en un momento en que su administración enfrenta desafíos políticos en el Congreso.
A pesar de la significativa atención que ha recibido el tema, el Gobierno ha eludido hacer comentarios públicos al respecto. Fuentes cercanas a la Casa Rosada explican que esta postura se fundamenta en el deseo de "respetar el federalismo", aunque también refleja la necesidad de evitar tensiones adicionales en un escenario complicado. La ausencia de declaraciones por parte del oficialismo ha sido notoria, y muchos en el PJ celebran discretamente la decisión del Gobierno de no interferir en la autonomía provincial.
Insfrán, quien fue un crítico abiertamente de la gestión de Milei, avanzó con la reforma ante un posible fallo adverso de la Corte Suprema sobre la reelección indefinida de los gobernadores, generando alarma entre la oposición. Sin embargo, el Gobierno ha decidido no intervenir, reconociendo que cualquier acción podría ser vista como una amenaza a la autonomía provincial, lo que podría resultar en una falta de apoyo en el Congreso de parte de los mandatarios provinciales.
La Casa Rosada está enfocada en mantener relaciones cooperativas con los gobernadores, especialmente aquellos que han mostrado afinidad hacia el oficialismo, como Hugo Passalacqua y Gustavo Sáenz. Estos lazos son cruciales para enfrentar las presiones del kirchnerismo y el radicalismo y para asegurar una gobernabilidad más estable en el país.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, reiteró en una reciente conferencia que el Gobierno "no se mete en cuestiones provinciales", enfatizando que se trata de un asunto que debe ser resuelto por la provincia misma. Esta declaración se produce a pesar de las críticas de algunos sectores de la oposición, que acusan al Gobierno de complicidad con Insfrán y de minimizar un potencial conflicto con la justicia.
En medio de este panorama, el Gobierno ha optado por priorizar su agenda legislativa y buscar el apoyo de los gobernadores en temas cruciales, como el presupuesto y la ley de DNU, en lugar de confrontar a Insfrán en cuestiones de reconocimiento y autonomía. Con la situación actual, parece que las tensiones en Formosa seguirán siendo observadas desde la Casa Rosada sin una intervención directa por parte del Ejecutivo.
* Con información de Infobae
