Los gobernadores dialoguistas presionan a la Nación por el Presupuesto 2025
Los 10 mandatarios de Juntos por el Cambio firmaron un comunicado en el que defienden el equilibrio fiscal, pero exigen que Milei haga lugar a modificaciones y pedidos de las Provincias.
En medio de la discusión entre la Casa Rosada y las Provincias, los gobernadores "dialoguistas" instaron al gobierno de Javier Milei, mediante un comunicado, a habilitar el debate por el Presupuesto nacional 2025. "Los argentinos no quieren regresar al pasado", señaló el documento de tres páginas que suscriben los jefes territoriales de la Unión Cívica Radical y el PRO.
El texto enfatiza que la sanción de la ley de leyes es crucial para "consolidar la creciente confianza de los mercados, seguir avanzando en la lucha contra la inflación, generar confianza en los inversores".
Además, critica las asimetrías en la distribución de recursos, recordando que "no pedimos discrecionalidad, sino respeto, diálogo y cumplimiento de la ley".
Quienes motorizaron el comunicado son los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Jorge Macri (CABA), Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Claudio Poggi (San Luis).
Allí, destacan la importancia de garantizar en el Presupuesto el equilibrio fiscal y promover el desarrollo económico. Además, subraya la necesidad de corregir inequidades y asegurar que se respeten las leyes vigentes en materia de recursos federales.
Sin embargo, los mandatarios insisten en que el Gobierno nacional haga lugar a las modificaciones y pedidos que realizan. La semana pasa le habían reclamado a Guillermo Francos, jefe de Gabinete de la Nación, y a Luis Caputo, ministro de Economía, para concretar esta semana una reunión en Balcarce 50. Buscaban acordar puntos de consenso para incluir en el Presupuesto y dar su apoyo en el Congreso al proyecto del oficialismo, consignó Infobae.
Entre los reclamos puntuales, los gobernadores exigen la compensación adecuada del Consenso Fiscal, el financiamiento de las cajas previsionales no transferidas, y una redistribución más clara de los fondos recaudados por el impuesto a los combustibles. Esas demandan representan, según los números que elaboraron los mandatarios con sus equipos económicos, solo el 0,3 % del PBI y son "compensables".
Además, los líderes provinciales resaltan que han hecho un "fuerte ajuste fiscal" en sus distritos. "Esta es una batalla cultural que dimos y damos entre todos, y que merece ser destacada ya que no hay antecedentes en la historia reciente donde el Gobierno nacional y gran parte de los gobiernos provinciales avanzan en la misma dirección por convicción", señalan los gobernadores.
El Gobierno nacional insiste en sostener el dictamen tal cual los parámetros del proyecto que envió Milei al parlamento. El eje es el déficit cero. Ante los reclamos de las Provincias, responden con una pregunta fija: "¿De dónde vamos a sacar los recursos que piden para determinada partida?". La oposición dialoguista presiona para habilitar el debate, cuando restan apenas días para que finalice el período de sesiones ordinarias del Congreso.
"Son cuestiones que hemos conversado con el Gobierno desde el inicio de nuestras gestiones, sin éxito por el momento. El equilibrio fiscal es innegociable, tanto como el cumplimiento de la ley. No dejemos pasar esta oportunidad, la mayoría de los argentinos no quiere regresar al pasado", señalan los gobernadores al final del comunicado.
Los mandatarios piden 4 puntos. Compensación del Consenso Fiscal: desde el primer trimestre del 2023 y durante todo el 2024, la Nación ha actualizado las transferencias de la compensación en un porcentaje inferior al determinado por ley, generando una deuda para las jurisdicciones beneficiarias que se incrementa mes a mes.
El segundo, cajas de jubilaciones no transferidas: las Provincias que conservan sus cajas previsionales, como Corrientes, aportan recursos a la Anses, pero el Gobierno nacional ha incumplido con la normativa que lo obliga a financiar las cajas deficitarias.
El tercer punto es el impuesto a los combustibles líquidos: el Gobierno nacional recauda un impuesto coparticipable que tiene una serie de asignaciones específicas para destinos que han sido discontinuados (subsidios al transporte urbano) o cuya ejecución es poco clara.
El cuarto punto es la reducción del aporte de la coparticipación a la AFIP.
