Preocupación por el uso de fondos presupuestarios en un contexto electoral
A medida que se acerca el año electoral, las provincias argentinas se están alejando de las políticas presupuestarias del gobierno de Javier Milei, que ha optado por no abrir espacios de diálogo en torno al presupuesto nacional. Excepto por la provincia de Buenos Aires, todos los demás distritos han aprobado sus propias leyes presupuestarias, aunque la falta de un acuerdo en el Congreso sobre el presupuesto federal da a la Casa Rosada un mayor control discrecional sobre los fondos.
Desde el gobierno nacional se ha cerrado cualquier posibilidad de discusión sobre el presupuesto, alegando la necesidad de mantener un déficit cero. Las alternativas propuestas tanto por legisladores oficialistas como de la oposición han sido sistemáticamente rechazadas por el partido de Milei. Según fuentes de la oposición, el objetivo ha sido reutilizar el presupuesto de 2022 para el ejercicio 2023, lo que permite al Ejecutivo manejar las asignaciones de manera arbitraria. Con este enfoque, el gobierno podrá gestionar libremente alrededor de 30 billones de pesos.
"Estamos trabajando con un presupuesto basado en cifras del pasado, pero debemos considerar que, desde diciembre de 2022 hasta ahora, la inflación ha acumulado casi un 600%. Esto significa que muchos programas no recibirán fondos adecuados", advirtió un funcionario de una de las principales provincias del país.
A pesar del cierre de debate en el ámbito nacional, 22 provincias y la Ciudad de Buenos Aires han aprobado sus normativas presupuestarias. Sin embargo, en Buenos Aires, el tratamiento del presupuesto ha quedado estancado y se reprogramará para discutirse el próximo viernes en medio de tensiones internas.
Un ministro provincial comentó: "Hemos alineado nuestras proyecciones con algunos datos del presupuesto de Milei, como el tipo de cambio y la inflación, factores que no podemos influir desde las provincias. Aunque hay elementos de realidad en nuestras proyecciones, hay también muchas inexactitudes".
Desde la provincia de Buenos Aires, se ha afirmado que en la creación del Presupuesto 2025 se siguieron los lineamientos de recursos establecidos por el gobierno nacional, en concordancia con la Ley de Responsabilidad Fiscal.
El proyecto planteado por Milei incluye proyecciones de inflación del 104,4% para 2024 y del 18,3% para 2025, entre otros aspectos económicos. Lo que no ha quedado claro para las provincias es el manejo del 1% de los fondos coparticipables que la Nación retiene y transforma en Aportes del Tesoro Nacional, que luego serán distribuidos de manera arbitraria.
Un desafío clave para los gobernadores es la falta de recursos enviados por la Casa Rosada, que ha afectado el flujo de financiación durante los últimos meses. En diciembre, los giros se han retrasado, acumulando aproximadamente $700.000 millones que podrían afectar gravemente las finanzas de varias jurisdicciones.
Esta situación ha derivado en múltiples leyes provinciales que reflejan la falta de inversión en infraestructura, salud y educación. Muchos distritos han optado por incrementar su propia inversión en obras, ante la escasa asistencia que esperan del gobierno nacional. "La situación es complicada. Los presupuestos provinciales están ajustados, mientras que la administración nacional demuestra tener recursos ilimitados. Las elecciones están a la vista y la dinámica política cambia rápidamente", concluyó un gobernador preocupado por la disparidad entre los recursos disponibles.
Mientras casi todas las provincias se preparan con sus estrategias para el próximo año, su desarrollo dependerá en gran medida de los recursos que asigne el gobierno central, que contará con amplia libertad para definir el uso de los mismos.
Con información de INFOBAE
