El Gobierno profundiza la reducción de trabajadores estatales en 2025
En un esfuerzo por optimizar la administración pública, el Gobierno implementaría un nuevo plan para reducir la planta de trabajadores estatales durante 2025. A través de la eliminación de secretarías, empresas, organismos y entes descentralizados, el Ejecutivo buscaría la reestructuración del Estado, liderado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher.
La administracion anunció que desplazará a todos los contratados que desaprobaron los exámenes del Sistema de Evaluación Pública, establecido por la subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público. Los trabajadores contaran con tres oportunidades para rendir las evaluaciones, que se clasificarán entre profesionales y no profesionales.
Más de 10.000 contratados ya rindieron los exámenes, con un 95% de aprobados, según aseguró el Gobierno. Los sindicatos informaron que había otros 30.000 trabajadores inscriptos para rendir antes del 31 de enero del año en curso. Aquellos que aprobaron los exámenes y fueron requeridos por sus jefes tuvieron la posibilidad de extender sus contratos hasta el 31 de diciembre de 2025.
Asimismo, se anunció que más de 40.000 contratos fueron prorrogados hasta marzo para permitir que se realicen las evaluaciones. Los ministros y secretarios debieron informar en los meses siguientes sobre la dotación necesaria para sus respectivas áreas, a fin de continuar con el plan de reducción.
En total, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) contabilizó 57.540 contratos vigentes en el Poder Ejecutivo. El gremio anticipó posibles recortes en áreas como Justicia, Capital Humano y el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA). Hasta ese momento, el Gobierno había desplazado a más de 35.000 trabajadores de la administración pública, tanto contratados como de planta permanente.
Además, se trabajó en la disolución de la Administración General de Puertos (AGP), que fue reemplazada por la nueva Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN). También se planificaron reestructuraciones en otras áreas, incluyendo la secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, así como recortes en la secretaría de Derechos Humanos.
Por otro lado, el Gobierno impuso restricciones en la contratación de nuevos empleados mediante el decreto 1148/2024, que congeló la planta de personal y prohibió designaciones o contrataciones de cualquier tipo en las dependencias estatales. La normativa estableció que todos los nuevos ingresantes debían aprobar los exámenes requeridos, aunque algunas excepciones se aplicaron, como en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y en las universidades.
*Con información de TN
