Autoservicio de combustibles: los reparos sobre la seguridad y qué dice la letra chica
El Decreto 46/2005, recientemente publicado por el Gobierno nacional, establece nuevas reglas en el marco de la liberalización de la comercialización de combustibles. Según el texto, la medida permitirá que las estaciones de servicio operen durante las 24 horas del día con costos operativos menores. Esto beneficiaría a los consumidores que necesiten cargar combustible en horarios no convencionales y podría transformar el panorama del sector. No obstante, especialistas y actores clave del mercado coinciden en que su aplicación efectiva dependerá de futuras reglamentaciones.
Francisco Berdaguer, abogado especializado en el sector de combustibles, brindó su perspectiva sobre la disposición: "Hoy por hoy, el decreto regula y bendice la figura del autodespacho, pero para instalar una estación con autoservicio, es imprescindible cumplir con la normativa vigente de la Secretaría de Energía. Durante los próximos 60 días, las estaciones deberán continuar solicitando una autorización expresa bajo el régimen actual, que funciona como una excepción".
La Secretaría de Energía tendrá que adecuar los requerimientos y parámetros de seguridad para garantizar la operatividad de las estaciones que incorporen autoservicio. "Habremos de esperar las actualizaciones normativas para conocer los nuevos requisitos", destacó Berdaguer en diálogo con surtidores.com.ar. Asimismo, aclaró que el decreto no especifica si será obligatoria la presencia de un asistente permanente en las estaciones, un aspecto relevante para la seguridad y el servicio al usuario.
Respecto a los temores sobre posibles despidos masivos, Berdaguer fue optimista: "No creo que en el corto o mediano plazo se produzca una reducción sensible del personal. Las estaciones seguirán necesitando empleados para funciones administrativas y de asistencia. Más que despachar combustible, los playeros podrían asumir roles de control y apoyo, lo que también beneficia a los estacioneros al reducir riesgos asociados a contingencias operativas".
Otra cuestión no menos relevante es si el decreto se impone sobre las leyes provinciales que impiden esta modalidad. Al respecto, el especialista sostiene que "en principio sí. En materia de jerarquía constitucional, un decreto prevalece sobre ley provincial. Ahora bien, puede haber cimbronazos con otra discusión que lleve al mismo lugar; a saber: que una provincia sostenga que la Nación no tiene facultades para legislar sobre esta materia, y que haciéndolo cercena la autonomía de las provincias. Lo veo dudoso, pero puede existir ese planteo".
