La Fiscalía de Estado recuperó otra propiedad perteneciente a la Provincia
Fue en un litigio con Gustavo Javier Zenón, quien se habría apropiado ilegítimamente del inmueble hace más de dos décadas. El usurpador había habilitado un pensionado en el lugar.
Después de años de demanda, la Fiscalía de Estado tomó posesión este martes de un inmueble usurpado por el particular Gustavo Javier Zenón, ubicado en 25 de Mayo 526, en el casco histórico de la capital provincial, en el céntrico barrio Deportes.
El hecho representa un hito significativo en la lucha contra la usurpación de propiedades estatales y refleja el compromiso del Gobierno provincial en la defensa de sus bienes. La recuperación del inmueble no solo es un triunfo legal, sino también un paso hacia la restauración de la justicia y el respeto por la propiedad pública.
Es una propiedad más dentro del catálogo de recuperaciones que realizó la Fiscalía de Estado en los últimos tres años.
Desde que Horacio Ortega fue puesto en funciones como máxima autoridad de la cartera por el gobernador Gustavo Valdés, se inició una defensa férrea de los intereses de la Provincia. Durante este período, se han llevado a cabo múltiples acciones legales que han permitido recuperar propiedades que habían sido objeto de ocupaciones ilegales. Este esfuerzo ha sido parte de una estrategia más amplia para proteger los recursos del Estado y asegurar que las tierras y bienes públicos sean utilizados para el beneficio colectivo.
En este caso particular, se trató de una causa iniciada en 2005 cuando Zenón promovió una demanda de prescripción adquisitiva de dominio sobre dos inmuebles unidos entre sí. Ambos se encuentran ubicados en la Manzana N.° 91, fracción del lote N.° 1, y están inscriptos en el Registro de la Propiedad Inmueble a nombre del Estado de la Provincia de Corrientes. La pretensión del demandante se basaba en argumentos que buscaban legitimar su ocupación a pesar del claro respaldo legal que tenía el Estado sobre esos bienes. Este tipo de situaciones pone en evidencia las complejidades del derecho inmobiliario y los desafíos que enfrenta el Estado para recuperar sus propiedades.
La ocupación ilegal del inmueble en cuestión deriva de una cesión de derechos que le otorgó su abuela, quien en el año 1984 ingresó al mismo. Una vez trabada la litis con el Estado provincial, este se defendió rechazando la pretensión de Zenón e inclusive reclamando la posesión mediante la acción de reivindicación. La situación se complicó con la presentación constante de pruebas y argumentos por parte del demandante, lo que llevó a un prolongado proceso judicial lleno de obstáculos. A lo largo de los años, se realizaron diversas diligencias que incluyeron testimoniales y documentación extensa para probar la propiedad estatal.
Se produjo una multiplicidad de pruebas, tales como constataciones, testimoniales de varias personas, documentales e informativas. Las declaraciones presentadas fueron claves para demostrar la titularidad estatal sobre el inmueble. Sin embargo, las tácticas dilatorias por parte del actor Zenón prolongaron innecesariamente el proceso judicial. En medio de este contexto complejo, es importante destacar que el lugar había sido transformado; se construyeron tres departamentos y contaba con un depósito adelante, los cuales eran explotados comercialmente y generaban ingresos mensuales a través del cobro a inquilinos que firmaban contratos temporales.
Finalmente, en el año 2022, la jueza Civil y Comercial N.° 13, Varina Machado, dictó sentencia rechazando la demanda de prescripción adquisitiva y admitiendo la reconvención por reivindicación del Estado provincial. Esta decisión no solo ordenó la restitución a su dueño original —el Estado—, sino que también subrayó el incumplimiento legal por parte de Zenón al no reunir las pruebas necesarias para sustentar su reclamo. Así concluye un capítulo importante en esta historia judicial, reafirmando así los derechos del Estado sobre sus propiedades y sentando un precedente para futuras disputas similares.
